Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº 351/2021 (Cámara de Casación Penal - Vocalía 1) caratulado: RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en expediente Nº 109/2015 (Tribunal en lo Criminal Nº 3 - Voc. 9) caratulado: M., M. F.; P., D. p.s.a

¿Quién es el actor?

Dra. Mariana Vargas, en ejercicio de la defensa técnica de L. M. O. y H. S. S.

¿A quién se demanda?

Se impugna la decisión del Tribunal en lo Criminal Nº 3 que denegó la Suspensión del Juicio a Prueba y la Cámara de Casación que confirmó dicha denegatoria; se solicita además la declaración de inconstitucionalidad del art. 76 bis, 7º párrafo, del Código Penal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Suspensión del Juicio a Prueba (probation) para los imputados y la inconstitucionalidad del mencionado precepto que excluye a funcionarios públicos de dicho instituto; en subsidio se alega sentencia arbitraria y apartamiento probatorio.

¿Qué se resolvió?

Rechazar el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la defensa; imponer las costas a la recurrente; registrar reserva de caso federal; regular honorarios (Dr. C. L. Rivas $63.348; Dra. M. Vargas $50.678 más IVA si corresponde).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Texto extractado (párrafos relevantes del fallo, reproducidos textualmente):

"La Dra. Vargas, invocando idénticos argumentos a los expuestos en la instancia anterior, arguye que a sus representados se les otorgó un tratamiento diferente por ser funcionarios públicos, lo que implicó -en su opinión- un claro trato desigual con respecto a los demás justiciables.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que “la garantía de igualdad solo requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, más no impide que la legislación contemple en forma diferente situaciones que considere distintas, cuando la discriminación no es arbitraria, ni responde a un propósito de hostilidad contra determinados individuos o clases de personas, ni encierra un indebido favor o privilegio, personal o de grupo” (Fallos 344:3132).

A su vez, calificada doctrina ha señalado que “[l]as únicas desigualdades constitucionales son las arbitrarias y por arbitrarias han de estimarse las que carecen de razonabilidad”, que no es el caso (conf. BIDART CAMPOS, “Manual de la Constitución Reformada EDIAR 1998, I-533”).

Quien desempeña una función pública, se encuentra en una situación diferencial ya que cuenta con un poder propio de la función que lo distingue y, ante ello, la norma puesta en cuestión imprime un carácter más riguroso por razones de transparencia funcional que se vinculan con dicha calidad. Ello justifica razonablemente la divergencia de trato.

En consecuencia, teniendo en cuenta dichos parámetros, se puede afirmar que no se configura la violación a la garantía constitucional invocada, razón por la cual debe rechazarse el agravio formulado."

Texto extractado (párrafo relevante sobre la aplicación del precepto):

"Las prescripciones del párrafo 7º del Art. 76 bis, C.Penal en función del Art. 77 de ese cuerpo legal, son terminantes al excluir del instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba al funcionario público cuando éste '…en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado de un delito'.

En efecto, tal como lo refieren la Cámara de Casación Penal y el Sr. Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, esta Suprema Corte de Justicia tiene dicho que la prohibición legal prevista en el 7º párrafo del Art. 76 bis del Código Penal es categórica y que sus términos sólo pueden ser interpretados con el alcance brindado por el propio cuerpo normativo en el Art. 77, de donde se desprende que con la fórmula 'funcionario público' y 'empleado público' se designa a 'todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente'. En suma, como lo ha expresado la Corte Federal, cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 324:3143 y 324:291, entre otros; Confr. L.A. 55 Fº 1664/1665 Nº 527).

En el caso, la calidad de funcionarios públicos de los presentantes -policías de la Provincia de Jujuy- no se encuentra controvertida, como así tampoco que el hecho -según la plataforma fáctica descripta por el Fiscal- presuntamente se habría cometido en el marco y ejercicio de sus funciones, extremos que cierran la suerte del recurso bajo examen.

Por lo demás, no podemos perder de vista que el delito atribuido a los recurrentes se encuentra reprimido con pena de inhabilitación, lo que imposibilita -en todos los casos- la concesión del pedido que nos convoca y que reafirma la postura que aquí se propicia (cfr. el criterio sentado por esta Sala Penal en casos sustancialmente análogos en LA 2, Nº 54, LA 2, Nº 96, entre muchos otros)."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto que expone los fundamentos fue realizado por el Dr. Llamas y fue adherido por las/os Dres. Lamas González y Otaola; el dispositivo final coincide con ese bloque de votos.

Dispositivo: Rechazo del Recurso de Inconstitucionalidad, costas a la recurrente, registro de reserva del caso federal y regulación de honorarios.