Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-125/2022 (Cámara de Apelaciones y Control - Vocalía 1) caratulado: Recurso de apelación interpuesto por los Dres. Manuel A. Chavarría y José Longombardo en el Expte. Nº P-268000-MPA/2022 (

¿Quién es el actor?

Los abogados Manuel A. Chavarría y José L. Longombardo actuaron en representación de los imputados (M. R. L., J. L. N., J. M. G., Y. A., J. R. Q., C. B. S., V. G. P., L. N. C., M. B. C., T. T. y F. B. Z.).

¿A quién se demanda?

No corresponde una "demanda" tradicional; el recurso se dirigió contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones y Control que confirmó el desalojo ordenado por el juez de control, en el marco de la investigación por la presunta comisión del delito de usurpación denunciado por el coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial del Tren Jujuy–La Quiaca.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la orden de desalojo (recurso de inconstitucionalidad), alegando inexactitud y ambigüedad en la orden (no individualiza personas ni inmuebles y habría más de 100 familias afectadas) y la falta de acreditación de los presupuestos para despachar la medida cautelar.

¿Qué se resolvió?

Rechazar el recurso de inconstitucionalidad con costas; regular los honorarios profesionales de los defensores en $50.678 para cada uno, a cargo de sus defendidos; registrar y notificar.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Es que la restitución del inmueble al denunciante -dispuesta en el curso de un proceso penal por la presunta comisión del delito de usurpación- no implica de modo alguno juzgar la responsabilidad penal de los imputados; constituye, simplemente, una medida de naturaleza cautelar y, dado su carácter provisional, pasible de ser modificada en un pronunciamiento posterior [3]."

"Por lo demás, conviene reiterar que el desalojo, en el contexto del caso, tiene por objeto impedir que el delito -presuntamente cometido- produzca consecuencias ulteriores y efectivizar los derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce a la víctima (artículos 340 inciso 6º y 159, inciso 7º, del CPP), siempre que se encuentren reunidos los recaudos para su dictado: verosimilitud del derecho y peligro en la demora (PE-LA 2 Nº 74 y PE-LA 3 Nº 153)."

"Por lo considerado corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por los abogados Manuel A. Chavarría y José L. Longombardo ... con costas; regular los honorarios profesionales de los mencionados letrados en la cantidad de pesos cincuenta mil seiscientos setenta y ocho ($50.678) -para cada uno de ellos y a cargo de sus defendidos- por aplicación de las previsiones sobre honorarios mínimos de la Ley de Aranceles Nº 6112 (artículos 29, 32 y concordantes) [4]; monto al que se le añadirá el impuesto al valor agregado si correspondiere."

Notas relevantes citadas por el tribunal: "[1] Según la imputación efectuada por la fiscalía del 10/05/2022 y la ampliación del 12/05/2022." y referencias jurisprudenciales y a la Ley de Aranceles y UMA: "[4] Sobre la base del valor UMA, de $5279 según la Resolución Nº 5/2023 ..."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Martín Francisco Llamas expone el voto principal; los Dres. Laura Nilda Lamas González y Federico Francisco Otaola adhieren al voto que antecede (acuerdo unánime).