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Tribunal Superior

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº C-039.025/2015 (Tribunal del Trabajo - Sala III - Vocalía 8) Riesgo de trabajo. “Farías Luis Ángel c/ Q.B.E. Argentina Aseguradora de Riesgos del trabajo S.A

La demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la condena por incapacidad laboral y la liquidación de intereses y honorarios. La Suprema Corte rechazó el recurso y confirmó la sentencia de grado, entendiendo que no existe arbitrariedad en la valoración probatoria ni en el cómputo de intereses, e impuso costas y reguló honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala IV-Vocalía 8 (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala IV-Vocalía 8
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
LA-18782/2022
Recurso de inconstitucionalidad Incapacidad laboral Ley 24.557 lrt Decreto 659/96 Intereses Prueba pericial Arbitrariedad Costas Honorarios Ley 26.773

¿Quién es el actor?

Luis Ángel Farías (actor original).

¿A quién se demanda?

Q.B.E. Argentina Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (parte demandada que recurrió).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por incapacidad de carácter laboral (lesiones en columna e hipoacusia por tareas de conducción y carga), prestaciones en especie (intervención quirúrgica y asistencia psicológica) y liquidación de montos indemnizatorios con intereses; además oposición de la ART a la cuantificación y al cómputo de intereses y a la regulación de honorarios.

¿Qué se resolvió?

La Sala IV en lo Laboral de la Suprema Corte de Justicia NO HACE LUGAR al recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada; impone las costas a la recurrente y regula honorarios ($120.411,00 para el Dr. Enrique René Rivas y $258.026,00 para el Dr. Carlos Ariel Meyer, más IVA en su caso). Votos coincidentes de los tres magistrados (Meyer, Bernal y Otaola). Registrado el 13-07-2023, expediente Nº 558-2023.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La censura de la parte recurrente, según la cual el informe pericial nunca fue puesto a consideración de las partes, no resulta atendible. De haber sido cierta dicha omisión, implicaría una grave afectación al derecho de defensa. Dicho planteo no se ajusta a la verdad, conforme las constancias del proceso. La notificación por cédula obrante a fs. 179 de los autos principales (que tengo a la vista), recibida el 26/05/17 en el casillero Nº 275 correspondiente a la representación letrada de la parte demandada, respecto a la providencia de fs. 177 que corrió vista de la pericia para su oportuna observación durante el plazo de cinco días, desmiente categóricamente la censura aquí esgrimida. Alegar, por tanto, que no se tuvo conocimiento de la pericia no solo resulta falaz, sino procesalmente inconcebible. La parte demandada contó con remedios de defensa procesal pertinentes para la impugnación del dictamen pericial, incluso en los alcances del artículo 84 del CPT, si hubiere sido necesario. Esta sola corroboración justifica el rechazo del agravio intentado por la parte recurrente."

"Es que la arbitrariedad constituye algo distinto de una interpretación equivocada de la ley o de la prueba, es dejar de lado la ley o prescindir sin más de la prueba. Si la sentencia es suficientemente fundada, sin prescindir ni de la ley ni de la prueba, cualquiera sea la apreciación que realicen las partes respecto a su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad."

"Así, por una parte, se abre el interrogante de si una obligación de valor es susceptible de generar intereses, añadidos al monto cuantificado. [...] El régimen jurídico de riesgos del trabajo sí prevé una norma referida al momento que debe considerarse nacido el derecho a la percepción indemnizatoria, vinculada, desde luego, a la posibilidad de la mora, como lo revela expresamente el tercer párrafo del artículo 2 de la ley 26.773: 'El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional'. [...] Por tanto, no luce absurdo lo resuelto en la instancia precedente, en consonancia con el citado tercer párrafo del artículo 2 de la ley 26.773, en torno a los intereses devengados desde la época de la primera manifestación invalidante, ya que, por lo demás, el régimen de cálculo del Ingreso Base Mensual (IBM) contiene componentes de recomposición económica en su fórmula. Además a fs. 80 vta. La ART admite que recibió denuncia por lumbociatalgia y toma conocimiento el día 02/11/13."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto mayoritario del Dr. Ekel Meyer con adhesión de la Dra. María Silvia Bernal y del Dr. Federico F. Otaola (acuerdo unánime 3-0). El bloque dispositivo final expresa la decisión que prevalece.

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