Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº D-031.341/19 (Cámara en lo Civil y Comercial - Sala IV – Vocalía 10) Ordinario por daños y perjuicios: Rocha, Marta Liliana; Tapia, María e Ibáñez, Miguel Adrián c/ Dávila, Facundo Humberto;

¿Quién es el actor?

Dr. Roberto Andrés Moya, por sus propios derechos (quejoso).

¿A quién se demanda?

Sentencia de la Cámara en lo Civil y Comercial - Sala IV (v.10) que rechazó su revocatoria y confirmó sanción; vinculado al expediente principal Rocha, Marta Liliana; Tapia, María e Ibáñez, Miguel Adrián c/ Dávila, Facundo Humberto; Transporte Ribotta S.A. y Federación Patronal Seguros S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso de inconstitucionalidad contra la confirmación de la sanción disciplinaria (suspensión de 3 meses) impuesta por el tribunal de grado por falta de probidad y buena fe y por la calificación vinculada a la falsedad de una firma en documento obrante a fs.147 vta.; se alega violación de principios de congruencia, legalidad, imparcialidad, inocencia y competencia sancionatoria exclusiva del Colegio de Abogados.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte rechazó el recurso de inconstitucionalidad y confirmó la resolución de la Cámara que aplicó la sanción de suspensión por 3 meses y tuvo por incontestada la demanda ante la verificación de la falsedad de la firma; registró y notificó por cédula.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Considero que el remedio bajo análisis no debe prosperar.

Es que, la pretensión recursiva del quejoso gira en torno a la revisión de la sanción que le fuera oportunamente aplicada por el sentenciante, a esos efectos, tiene dicho este Alto Cuerpo, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, “partiendo de la premisa que las inconductas procesales están íntimamente vinculadas con la función jurisdiccional, ‘el magistrado tiene el deber de sancionar al improbus litigatur’ (CSJN 28/04/72, Fallos 282-356). Y esto es así toda vez que ‘el principio de moralidad, basamento fundamental de la actuación procesal, debe ser estrictamente observado por las partes’ (CNCiv., Sala F, 20/11/74, LL, 1975-A-180 y ED, 60-668)” (L.A. 39, Fº 1275/1277, Nº 491)."

"La decisión del Tribunal a-quo se encuentra plenamente justificada y ajustada a derecho (art. 8º C.P.C.) en cuanto es facultad de los magistrados tomar las medidas legales pertinentes destinadas a prevenir o condenar las faltas a la lealtad y probidad, pudiendo para ese caso aplicar las sanciones que consideren justas a quien no cumple con estos deberes.

Así, al confirmarse la falsedad de la firma inserta en el instrumento que rola a fs. 147 y vta. del principal, el sentenciante decidió no solo tener por incontestada la demanda y no formulada la reconvención, sino que también aplicó la sanción de tres meses de suspensión al Dr. Moya -a quien no endilgó responsabilidad por esa adulteración- por no respetar los principios de buena fe y probidad, en cuanto la conducta que él asintió, implicó un desgaste jurisdiccional innecesario."

"Finalmente, considero que tampoco puede proceder el agravio relacionado a que la facultad sancionatoria debe recaer exclusivamente en cabeza del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, apartando a los magistrados de dicha facultad.

Entiendo al respecto, que se tratan de dos ámbitos de competencia distintos, cuyas atribuciones se encuentran plenamente reguladas y diferenciadas, de tal forma que el avance de una de ellas no entorpece el normal funcionamiento de la otra."

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Miranda (voto principal), Llamas y Jenefes (adhieren). No se registran disidencias.