Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-034.672/2014, (Cámara en lo Civil y Comercial - Sala I - Vocalía 1) Daños y perjuicios: Montaño Héctor Alejandro c/ Estado Provincial - Policía de la Provincia y otros

¿Quién es el actor?

Héctor Alejandro Montaño, representado por el Dr. Fernando Emilio Barea.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial - Policía de la Provincia y otros (representado por el Procurador Fiscal Dr. Jorge E. García).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios (daño material, moral y estético) por heridas y secuelas por un hecho ocurrido la madrugada del 2 de septiembre de 2012.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad; se revocó parcialmente el punto I de la sentencia de Cámara respecto del daño patrimonial fijado ($78.257,18 a la fecha del hecho) y se remitieron las actuaciones al tribunal de origen para que cuantifique nuevamente el daño material conforme a las pautas expresadas en los considerandos. Se impusieron las costas al Estado Provincial y se difirió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos más relevantes (texto original):

"Los sentenciantes fijaron una indemnización por daño material en $78.257,18 a la fecha del hecho, suma que resulta muy inferior a las prestaciones dinerarias mínimas contempladas -a la fecha en que se dictó la sentencia- en el régimen especial de reparación de daños derivados de accidente de trabajo previsto por las leyes 24.557 y 26.773 y teniendo en cuenta el salario mínimo vital y móvil (ya que no se acreditó un salario distinto), la edad de la víctima y la Resolución Nº 04/22 vigente al momento de su dictado.

Esto sucedió, porque el Tribunal cuantificó el daño a la fecha del hecho (y teniendo en cuenta el salario mínimo vital y móvil de esa época) y no con valores actuales a la fecha de la sentencia. Como lo tenemos ya dicho -en reiteradas oportunidades- en la reparación de daños los sentenciantes deberán fijar las indemnizaciones debidas, cuando se trate de deudas de valor, a la fecha del dictado de la sentencia. Es ese y no otro modo al que se arribará a un resultado más certero en punto a la ponderación concreta de los valores en juego que respete el principio de la reparación integral de los daños.

En conclusión, 1) Los sentenciantes no se encuentran obligados al cuantificar los daños por lesión conforme a las pautas establecidas por el art. 1746 del CCyCN por tratarse de las consecuencias de un hecho anterior a la entrada en vigencia del nuevo Código. 2) Sin perjuicio de ello, tanto la doctrina y la jurisprudencia imperante recomiendan la utilización de fórmulas matemáticas o las prestaciones mínimas previstas en la Ley de Riesgo de Trabajo como punto de partida para su cuantificación. 3) El resultado que arroje la opción elegida por el juez no lo obliga a establecerlo como monto de condena sino que debe valorar las circunstancias que rodearon al caso con el objeto de llegar a una reparación integral y plena del daño causado, lo que debe ser además fundado, toda vez que lo que se indemniza no es el menoscabo en su faz laboral sino las consecuencias de su falta de integridad física en todos los ámbitos de la vida del ser humano, tanto en su faz individual como colectivo, que pueda ser apreciable económicamente. ... 4) Nunca el monto indemnizatorio que se fije por incapacidad o lesión puede ser menor a las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgo de Trabajo al momento del dictado de la sentencia conforme criterios de la C.S.J.N. en 'Ontiveros' (Fallos: 340:1038) y 'Grippo' (Fallos 344:2256).

En consecuencia, considero que la suma fijada no resulta razonable para lograr una reparación plena del daño material por la incapacidad del 5% parcial y definitiva por ser inferior a las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgo de Trabajo al momento del dictado de la sentencia, por lo que propongo hacer lugar a este agravio y reenviar la causa al Tribunal de origen a fin de que fije un nuevo monto de condena respecto del daño material teniendo en cuenta las pautas mínimas que se dan en el presente, las que deberán ser actualizadas al momento de cuantificar el daño."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Otaola disintió respecto de admitir parcialmente el recurso y propuso su rechazo, sosteniendo que no advierte absurdo o grueso error en la cuantificación y que los agravios son principalmente sobre hechos y apreciación probatoria, materia ajena al control extraordinario. No obstante, el acuerdo final siguió la propuesta mayoritaria de admitir parcialmente el recurso.