Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº D-036.591/2021 (Cámara en lo Civil y Comercial - Sala IV - Vocalía 11) Acción emergente de la ley del consumidor: Pereyra, Raúl Arturo c/ Chevrolet S.A. de ahorro para fines determinados - G
El actor promovió acción emergente de la ley del consumidor contra Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados por aumento desproporcionado de cuotas de un plan de ahorro. La Suprema Corte hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocó la sentencia de la Cámara y confirmó la medida cautelar innovativa que fijó provisoriamente la cuota.
¿Quién es el actor?
Raúl Arturo Pereyra, representado por el Dr. Jorge Federico Toril.
¿A quién se demanda?
Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados (General Motors de Argentina S.R.L. en el expediente).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Medida cautelar y acción emergente de la ley del consumidor frente al incremento desproporcionado de las cuotas del plan de ahorro; se solicitó fijar provisoriamente la cuota en un porcentaje de los haberes y evitar constituir en mora al adherente.
¿Qué se resolvió?
La Suprema Corte hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocó la sentencia de la Sala Cuarta de la Cámara en lo Civil y Comercial (que había dejado sin efecto la cautelar) y confirmó la medida cautelar innovativa dictada el 13/08/2021. Impuso las costas a la recurrida y remitió la causa a la sala de origen para que continúe el trámite y dicte la sentencia de fondo.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En efecto, si bien no desconozco que 'por su propia naturaleza, las medidas cautelares son esencialmente provisionales y sujetas a revisiones permanentes a través de posibles levantamientos, modificaciones y substituciones' y que 'esta característica de provisoriedad lleva a sostener que, a los fines del recurso de inconstitucionalidad, las decisiones que versan sobre dicha materia no revisten carácter de definitivas precisamente por la posibilidad de renovados enfoques que permiten replanteos' (L.A. Nº 56, Fº 41/42, Nº 10) cabe hacer valer la excepción a ese principio, en casos de extrema gravedad institucional, de vicios normativos o a lo que se denomina sentencia ruinosa (L.A. Nº 40, Fº 1028/1030, Nº 366); supuestos que se configuran en autos.
Veamos. En el fallo traído a revisión, el a-quo dispuso de oficio el levantamiento de la medida cautelar establecida en fecha 13/08/21 (que fijaba el valor provisorio de la cuota relativa al plan de ahorro y ordenaba a la automotriz abstenerse de constituir en mora a la accionante) en el convencimiento que el actor cuenta con el sistema protectorio dictado mediante las Resoluciones Nº 14/2020 (prorrogada por Resoluciones Nº 38/2020, 51/2020, 5/2021 y 20/2021) que faculta a los suscriptores de los planes de ahorro de diferir el pago de la alícuota y las cargas administrativas según el esquema previsto en su art. 3º.
A su vez, este art. 3º expresa textualmente que: 'De las doce (12) o menor cantidad de cuotas consecutivas por vencer sobre las que podrá ejercerse la opción, se diferirán los porcentajes siguientes: a) de las últimas cuatro (4) o menor cantidad se diferirá un diez por ciento (10%); b) de las cuatro (4) anteriores o menor cantidad, un veinte por ciento (20%); c) de las cuatro (4) primeras o menor cantidad, un treinta por ciento (30%). En la publicidad explicativa prevista en el art. 8º de la presente, deberán ejemplificarse las diversas hipótesis de opción de diferimiento según cantidad de cuotas por vencer de conformidad con la tabla que junto con el formulario de opción se aprueba como Anexo 2 (IF-2020-25128934-APN-IGJ#MJ) de la presente'."
"De lo dicho se colige que la solución brindada por la Cámara en cuanto pretende resguardar los intereses del cautelante al amparo de la normativa bajo análisis, y sin la tutela efectiva de la cautelar, resulta de imposible cumplimiento, pues al existir un proceso judicial pendiente, aquél sujeto no puede acceder a ese beneficio. Incluso, no puedo dejar de advertir que, aunque la medida haya sido levantada en razón del nuevo criterio sentado por la Sala sentenciante, su incidencia en el pago de las alícuotas ya hizo ineludiblemente efecto, por lo que admitir ahora su levantamiento configura la posibilidad cierta de la producción de un daño irreparable en cabeza del actor porque, además, cuando se presente a requerir aquel 'sistema protectorio' de las aludidas resoluciones administrativas, le responderán que no puede hacerlo, en función del mencionado artículo 2º. Ergo, siguen vigentes las circunstancias que habilitaron en su momento el otorgamiento de la cautelar ordenada ab-initio."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto que motiva la decisión fue del Dr. Miranda, con adhesión de los Dres. Jenefes y Otaola (falta de disidencias relevantes).
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