Ordinario por Daños y Perjuicios: Bellido León, Antonio Alberto c/ Pullen Llermanos, Pablo Martín y Estado Provincial

¿Quién es el actor?

Antonio Alberto Bellido León.

¿A quién se demanda?

Dr. Pablo Martín Pullen Llermanos (Juez) y el Estado Provincial.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción ordinaria por daños y perjuicios derivados de la detención del actor y responsabilidad civil estatal.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la caducidad de la instancia opuesta por el Sr. Juez y se rechazó asimismo la excepción de prescripción; se tuvo presente la reserva del Caso Federal planteada, se impusieron costas por el orden causado y se diferió la regulación de honorarios hasta existencia de base económica.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"4.1.- Como punto de partida, se impone recordar que -en palabras del Máximo Tribunal de la Nación- el instituto de la caducidad de instancia constituye un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, por lo que la aplicación que de ella se haga, debe adecuarse a ese carácter, sin llevar el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio y valorando especialmente las particularidades del caso, (Fallos: 319:1024, 1142 y 1769; 323:2067; 325:3392; 326:1183 y 327:1430; entre otros)."

"4.2.- A la apuntada excepcionalidad, debe sumarse la extraordinaria circunstancia que significó -y aún lo hace, aunque actualmente en un escenario mucho menos adverso- el fenómeno provocado por la expansión del virus que llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar -el 11 de marzo de 2020- como 'pandemia' al brote de coronavirus Covid-19 a nivel global, y en nuestro país, a la declaración de la Emergencia Pública en materia sanitaria por Ley Nº 27.541... Desde esta comprensión, no resulta admisible abstraerse de semejante cuadro que -de manera absolutamente imprevista- alteró significativamente el quehacer diario de todos los ciudadanos, universo del que -claramente- no cabe excluir a los letrados y procuradores en el desempeño de su profesión y en el cumplimiento de las debidas diligencias."

"4.4.- Sobre la base de lo expuesto, concluyo en que, si bien es cierto que desde el 17 de Mayo de 2019 -fecha señalada por el incidentista, y no controvertida por la contraria, como punto de partida para el cómputo del plazo de caducidad- hasta el 20 de Mayo de 2020 –fecha en que se amplió la demanda- existió inactividad por un lapso superior al año previsto por el Art. 200 del C.P.Civil, no lo es menos que –de ese período- corresponde descontar el tiempo durante el cual, a consecuencia de las aludidas circunstancias excepcionales, se establecieron sucesivas Ferias Extraordinarias en el desarrollo de la actividad y los plazos se encontraron expresamente suspendidos. Entonces, deduciendo de aquel período el tiempo que conforme las disposiciones normativas dictadas en la órbita del Poder Judicial de la Provincia fue declarado inhábil, no transcurrió el plazo establecido por la ley procesal para que opere la caducidad de instancia."

"5.2.- ...la Corte Nacional ha señalado que el plazo debe ser contado a partir del cese de detención (Fallos 322:2525 y 311:1478) pues es al recuperar su libertad que el peticionante se halló en condiciones de apreciar la magnitud del perjuicio sufrido... Fácil es advertir que desde esta fecha, e incluso desde la pretendida por el excepcionante -26 de Abril de 2016-, no transcurrió el plazo previsto legalmente para que opere la prescripción de la acción. Ciertamente, la demanda ... fue interpuesta el 26 de Abril de 2019 ... por lo que fue presentada en término en conformidad con lo previsto en el Art. 135 del C.P.Civil."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto que integra el cuerpo del fallo fue el de la Dra. Laura Nilda Lamas González, al que adhirieron por unanimidad los Dres. Federico F. Otaola, María E. Nieva, María S. Bernal, Mariano G. Miranda, Martín F. Llamas, Sergio M. Jenefes, y por habilitación los Dres. Silvia E. Yécora y Horacio J. Macedo Moresi. No se registra disidencia.