Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº VJ-5252/2021 (Tribunal de Familia -Sala I- Vocalía 3) Protección de Persona, Ley 26485: L., C. y N. P., R. A. c/ P. R., J

¿Quién es el actor?

J. P. R. (recurrente en inconstitucionalidad), con patrocinio de la Dra. Miriam Soledad Valdez.

¿A quién se demanda?

Sentencia recurrida dictada por la Sala Primera del Tribunal de Familia (vocalía 3); partes actrices representadas por Dres. José Francisco Moscoso Cardoso y Mariana Vargas.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que rechazó la apelación y confirmó la orden de abstención/medida de protección dictada por el Juzgado Especializado en Violencia de Género.

¿Qué se resolvió?

Rechazar el recurso de inconstitucionalidad; imponer costas a la recurrente; regular honorarios en $56.700; $81.000 y $81.000 para los letrados intervinientes; registrar y notificar.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del tribunal):

“En primer lugar considero que ‘La definitividad del fallo constituye uno de los requisitos esenciales de admisibilidad del recurso. Su concepto se halla ligado con la cosa juzgada material o sustancial, entendida esta, como el atributo que la ley le asigna a la sentencia firme para que el caso concreto resuelto por ella se mantenga inmutable para el futuro como garantía de seguridad jurídica. Por ello cabe, en principio descartar como impugnables toda clase de resoluciones que no pueden adquirir tal carácter.’ (STJSL, SJ 167/11, Nicotra Héctor Omar c/ Cabral de Liendo Silverio Rosario. Interdicto de Recobrar la Posesión. Recurso de Casación. Expte. 01-N-11, Tramix Nº 174493). [1]

En esta inteligencia, cabe señalar que las resoluciones sobre medidas cautelares no son definitivas, son provisionales, esencialmente modificables, transitorias y no causan cosa juzgada.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que, las resoluciones que disponen tal tipo de medidas -ya sea que las acuerden, denieguen, levanten o modifiquen- no constituyen, como regla, sentencia definitiva, ni equiparable a esta, a los fines del recurso extraordinario (Fallos: 256:150; 273:339; 300:1036; 337:1024, entre muchos otros)” (Fallos: 346:236).

Ahora bien, la recurrente sostiene que le causa agravio que el único fundamento de la resolución emitida por el Juzgado especializado haya sido la evaluación de riesgo realizada por la Lic. Pflaum.

“Es dable recordar que el Juez es soberano en la apreciación de la prueba, y no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas, pues basta que lo hagan respecto de las que estimen conducentes o decisivas para resolver el caso, pudiendo preferir algunas de las pruebas producidas a otras, y omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales. De igual modo, la selección del material probatorio constituye una facultad privativa de los jueces de las instancias de mérito y tal prerrogativa conlleva la posibilidad de inclinarse hacia unos elementos probatorios, descartando otros, sin que sea necesario expresar en la sentencia la valoración de todos ellos, sino únicamente de los que resulten necesarios para el fallo de la litis”. [3]

En efecto, y como se expresó en el dictamen fiscal: “la selección de los medios de prueba es competencia del tribunal, y en este caso puntual, fue determinante la evaluación de riesgo situacional realizada, la que pese a no haber sido puesta a observación de partes fue agregada al expediente (ver fs. 37 vlta.) y las partes pudieron tener acceso a su lectura, pero al margen de ello tampoco se invocó que los datos consignados en dicho informe, en el cual la accionada dio su versión de lo acontecido (que es coincidente con lo invocado por actores en su demanda), sean falsos, sino que la observación realizada en esta instancia versó sobre la causa de ciertos rasgos evidenciados en la demandada” (sic).

Por todo lo expuesto, debe rechazarse el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por J. P. R., con el patrocinio letrado de la Dra. Miriam Soledad Valdez.

Resolución dispositiva (extracto final):

“RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por J. P. R. con el patrocinio letrado de la Dra. Miriam Soledad Valdez.

2º) Imponer las costas por la presente instancia recursiva a la recurrente vencida.

3º) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Miriam Soledad Valdez, José Francisco Moscoso Cardoso y Mariana Vargas en las sumas de $56.700, $81.000 y $81.000; respectivamente...”

(Votos: el Dr. Miranda votó y los Dres. Jenefes y Otaola adhieren).