Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B-234.879/2010 (Tribunal del Trabajo - Sala III - Vocalía 7) Diferencia de haberes y otros rubros. “Lacsi Carlos Alberto c/ Santa Ana S.R.L

¿Quién es el actor?

Lacsi Carlos Alberto, representado por el Dr. Miguel Ángel Imperiale.

¿A quién se demanda?

Santa Ana S.R.L.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Diferencia de haberes y otros rubros derivados de la relación laboral e indemnización por despido (liquidación complementaria por antigüedad, preaviso, SAC proporcional, vacaciones proporcionales, integración mes de despido, etc.).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora; se impusieron las costas por el orden causado; se regularon honorarios por $44.344 para el Dr. Miguel Ángel Imperiale y $63.348 para el Dr. Juan Sebastián Jenefes Quevedo; notificación por cédula electrónica. (Registrado el 12-09-2023, Sala IV en lo Laboral).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Es necesario recordar que el recurso de inconstitucionalidad no abre una tercera instancia ordinaria de revisión mediante la cual los recurrentes puedan poner en tela de juicio decisiones que consideren simplemente equivocadas o controvertir meramente la interpretación de las normas jurídicas infraconstitucionales aplicadas. La arbitrariedad y el absurdo deben ser inaceptables y esto debe ser seriamente fundado por el recurrente (cfr. L.A. 2, Nº 2; L.A. 45, Nº 108, entre muchos otros)."

"Por estas razones, la sentencia impugnada no luce el vicio de arbitrariedad, ya que la doctrina de la arbitrariedad, consagrada explícitamente para el recurso de inconstitucionalidad en la tercera hipótesis del inciso 1 del artículo 165 de nuestra Constitución provincial, observa ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la invalidez de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica dejar sin efecto un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente con el propósito de no invadir jurisdicción extraña."

"Además, compartiendo el Dictamen de Fiscalía General, en este caso no se ha aportado un cálculo de la deuda de dinero en concreto según los rubros y antigüedad resuelta en la sentencia definitiva que revele un absurdo yerro intolerable en la sentencia atacada; solo se ha invocado la razonabilidad, la equidad y la justicia. En efecto, el tribunal de la instancia anterior ha liquidado el monto de condena siguiendo el criterio establecido en la mentada sentencia definitiva de fs. 451/462, tomando la mejor remuneración percibida por la parte demandante, con aplicación de un interés a la tasa activa del Banco Nación desde que fueron debidos los rubros hasta el 02/02/22, y desde allí el monto de condena habrá de devengar intereses con igual tasa hasta su efectivo pago (cf. sentencia de fs. 484 de los principales), no controvertida por la parte demandada."

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. María Silvia Bernal y el Dr. Federico F. Otaola adhieren al voto del Dr. Ekel Meyer; no se registran disidencias.