Recurso de queja interpuesto en Expte. Nº P-268676/RR/II/2023 (Oficina de Gestión Judicial - Tribunal de Revisión - Vocalía 3) Legajo de Revisión en expediente P-268676/JJ/I/23 (Oficina de Gestión Judicial - Tribunal de Juicio): O., D. A. L. p.s.a. l

¿Quién es el actor?

Dra. Sara Cabezas, en ejercicio de la defensa técnica de D. A. L. O.

¿A quién se demanda?

Tribunal de Revisión (actuaciones del Tribunal de Revisión y resolución que denegó la suspensión de juicio a prueba); también impugna resolución de la Jueza Especializada en Violencia de Género.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Queja por denegación de Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto contra la decisión que rechazó la solicitud de Suspensión de Juicio a Prueba (probation) para el imputado.

¿Qué se resolvió?

La Sala II-Penal admitió la queja y rechazó in limine el Recurso de Inconstitucionalidad; exhortó a Magistrados y Funcionarios conforme los lineamientos expuestos; no reguló honorarios a la defensora por considerar su actuación inoficiosa; dejó expresa la reserva de caso federal.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"III. Como punto de partida, no podemos dejar de señalar que la resolución recurrida resulta equiparable a sentencia definitiva [1], extremo que se ve reforzado en el caso por cuanto involucra presuntos hechos de violencia contra la mujer, comprometiendo el deber estatal de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y -eventualmente- sancionar los mismos (Art. 7, Inc. b, Convención de Belém Do Pará).

En esa línea de razonamiento, corresponde expedirse sobre el fondo de la cuestión traída a conocimiento -sin reenvío- a fin de evitar mayores dilaciones en el proceso. Ello, teniendo en miras que la temática involucrada -cuyos conflictos se caracterizan por una típica escalada en su gravedad- exige dar una respuesta inmediata y concreta al conflicto.

En ese contexto, consideramos que el Recurso de Inconstitucionalidad cuya denegación motivó la interposición de la Queja, debe ser rechazado in limine por resultar sustancialmente improcedente en los términos de la normativa convencional, nacional y finalmente de procedimiento local. Doy razones."

"IV. En primer lugar, tal y como se adelantara líneas arriba, acorde la plataforma fáctica fijada por el Representante del Ministerio Público de la Acusación, los hechos enrostrados a O. se habrían cometido en un contexto de violencia de género.

Sabido es que nuestro país en la aludida temática ratificó la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer” -CEDAW- (Ley Nº 23.179 integrado al bloque constitucional), la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” -Convención de Belem Do Pará-, (Ley Nº 24.632 con jerarquía superior a las leyes) y dictó la Ley Nº 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

La reseña efectuada resulta útil a los fines de poner especial énfasis en la jerarquía que la aludida normativa ostenta y el grado de responsabilidad que el Estado Argentino asumió en cuestiones de violencia de género, lo que sin lugar a dudas implica el entero cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la citada Convención de Belém do Pará que establece: “Los Estados Partes [deberán] …b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer…”.

Desde dicha comprensión, la ineludible perspectiva de género como criterio rector para valorar las circunstancias denunciadas, debe estar garantizada desde el inicio del tratamiento del caso y en todos los aspectos: formales y materiales."

"V. Habiendo determinado que -prima facie y en función de los hechos contenidos en la promoción de la acción penal- estaríamos frente a un caso de violencia contra la mujer corresponde ingresar al análisis de la cuestión de la procedencia de la Probation, desde la perspectiva de la norma nacional y procedimental local.

En la especie, ninguna duda cabe -como bien lo destacara el Dr. Mercau- que en atención a los delitos enrostrados al inculpado y las penas que conllevan (Lesiones Leves agravadas por la condición de la víctima y mediando Violencia de Género, Amenazas con uso arma en Concurso Real y Abuso Sexual con Acceso Carnal), la Suspensión del Juicio a Prueba resulta inaplicable en los términos de los Arts. 76 bis, Código Penal y 47, C.P.Penal.

Adviértase que tan solo uno de los delitos endilgados (Abuso Sexual con Acceso Carnal) establece una pena de 6 a 15 años de Prisión (Art. 119, tercer párrafo, C.Penal) mientras que el instituto en examen podrá otorgarse cuando el “delito prevea un máximo de pena de tres años de prisión en concreto” (Art. 47, apartado “a”, C.P.Penal). La improcedencia del planteo es ostensible."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registra voto en disidencia; la resolución final del acuerdo es la que se transcribe como dispositiva.