Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº C-078.986/2016 (Tribunal del Trabajo - Sala II - Vocalía 4) Diferencias salariales. “López Esteban Alberto, Ábalos César Gustavo, Mamaní Guillermo René, Maraz Mauro Enrique, Castellón Cristián

¿Quién es el actor?

Los trabajadores accionantes: López Esteban Alberto; Ábalos César Gustavo; Mamaní Guillermo René; Maraz Mauro Enrique; Castellón Cristián Saúl; Cruz Cándido; Villagra José María.

¿A quién se demanda?

Mega Ingeniería y Servicios S.R.L., Mina Pirquitas LLC sucursal Argentina y Ávalos Abad Carlos. Recurrente ante la SCJ: Mina Pirquitas S.A. (representada por Dr. Ariel Fernando Contreras).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Diferencias salariales, liquidación final, multas (art. 80 LCT y art. 10 ley 24.013) por presunto encuadramiento laboral indebido (controversia entre CCT UOCRA y CCT AOMA) y declaración de solidaridad entre codemandados.

¿Qué se resolvió?

La Sala IV de la Suprema Corte rechazó el recurso de inconstitucionalidad deducido por Mina Pirquitas, confirmó la valoración de la prueba que determinó la primacía de la realidad y la existencia de fraude laboral que justifica la aplicación del art. 30 LCT (solidaridad y encuadramiento en AOMA). Impone costas al recurrente y ordena corrección procesal en foliatura; difiere regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ahora bien, abordando la materia propia del recurso de inconstitucionalidad, corresponde deslindar de entrada que la empresa recurrente (Mina Pirquitas S.A.) no ha controvertido que haya celebrado un contrato con la empresa codemandada Mega Ingeniería y Servicios S.R.L., ni tampoco que los trabajadores -actores- formalmente contratados por esta última, hayan realizado tareas en las instalaciones de Mina Pirquitas, pernoctando en el lugar (Rinconada) en que se encuentra la explotación minera. Ello permite acordonar uno de los agravios centrales que la parte recurrente trae a consideración de este Superior Tribunal de Justicia, consistente en que se ha tratado, en síntesis, de una tercerización lícita.

Sin embargo, no es desconocido que la prácitca de la llamada “tercerización” se halla bajo la lupa del derecho del trabajo, en tanto y en cuanto es susceptible de esconder situaciones de contratación indirecta o fraudulenta violatoria de la disciplina jurídica imperativa del trabajo. Supuestos regulados por la legislación laboral en términos severos de imposición de solidaridad obligacional, con el propósito de desalentar la fraudulencia en la contratación laboral y de garantizar la tutela de los derechos de los trabajadores frente a dichas situaciones anómalas de labor encubierta o subrepticia.

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Por estas razones, la sentencia impugnada no luce el vicio de arbitrariedad, ya que la doctrina de la arbitrariedad, consagrada explícitamente para el recurso de inconstitucionalidad en la tercera hipótesis del inciso 1 del artículo 165 de nuestra Constitución provincial, observa ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la invalidez de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica dejar sin efecto un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente con el propósito de no invadir jurisdicción extraña.

Es que la arbitrariedad constituye algo distinto de una interpretación equivocada de la ley o de la prueba, es dejar de lado la ley o prescindir sin más de la prueba. Si la sentencia es suficientemente fundada, sin prescindir ni de la ley ni de la prueba, cualquiera sea la apreciación que realicen las partes respecto a su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Meyer expone el fundamento central y fue acompañado por las Dras. Bernal y Otaola, conformando la decisión de la Sala IV.