Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-167.078/2020, (Tribunal de Familia – Sala I – Vocalía 3) Régimen Comunicacional: C., C. c/ S., S. P

¿Quién es el actor?

S. P. S., por su hija menor de edad, representada por la Dra. Mariana Vargas.

¿A quién se demanda?

C. C. (parte actora en la causa principal según carátula).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala I del Tribunal de Familia (23/02/2022) que rechazó la aclaratoria y declaró el decaimiento del derecho a contestar demanda (apercibimiento del art. 52 C.P.C.), y que reguló honorarios e impuso costas.

¿Qué se resolvió?

Rechazo del recurso de inconstitucionalidad; imposición de costas a la recurrente; regulación de honorarios de la Dra. Mariana Vargas ($66.528) y del Dr. Franco S. Vera ($95.040) más IVA en su caso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Como lo hemos dicho en muchas otras oportunidades, el recurso de inconstitucionalidad es un remedio extraordinario y excepcional y, en el caso, la disconformidad manifestada por el recurrente es insuficiente para fundar la causal de arbitrariedad invocada.

Esta Suprema Corte de Justicia reiteradamente ha sostenido que “…no puede apelarse a la causal de arbitrariedad para plasmar meras discrepancias de apreciación con el criterio observado por el inferior en la ponderación de la prueba y en la aplicación del derecho. Los fallos judiciales, es cierto, deben ser fundados y constituir derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias acreditadas en la causa…", agregando que "…la tacha de arbitrariedad no puede admitirse para corregir en esta instancia extraordinaria sentencias equivocadas o que considera como tal el recurrente por discrepar con la apreciación de las pruebas y la interpretación de las normas de derecho común aplicables al caso. Esta causal no se refiere a tales discrepancias, sino a desaciertos de gravedad extrema que descalifican el fallo como acto judicial…" (L.A. Nº 29, Fº 398/404, Nº 140; L.A. Nº 49, Fº 5285/5286, Nº 1100; L.A. Nº 53, Fº 585/587, Nº 195; entre muchos otros), lo que no advierto ocurra en autos."

"Agrega que “debe tenerse en cuenta el principio general de la relatividad y trascendencia de las nulidades procesales, el cual indica que para la procedencia de la nulidad de actos procesales, el supuesto afectado no sólo debe invocar sino que debe probar la existencia de vicio o error y el gravamen que el acto impugnado genera, supuesto que de acuerdo a lo desarrollado no se advierte, toda vez que las argumentaciones de la quejosa persiguen una finalidad meramente formalista que dista de la verdad real. De igual forma no puede obviarse que los procesos de familia, por sus particularidades e intereses en juego no causan estado, pudiendo modificarse sus decisorios por intermedio de las distintas vías procesales. Por otro lado, se tiene que el fin de la notificación es que la parte tome conocimiento de la acción que se entabla en su contra, y en el caso en cuestión la Sra. S. tomó conocimiento de la presente causa. A su vez al suspenderle los plazos y franquearle el expediente a su apoderada, Dra. Vargas, la nombrada tuvo oportunidad de conocer los hechos plasmados en el escrito de demanda, controlar la prueba y contestar la misma. Consecuentemente la falta de traslado de la demanda se encontraría suplida con la suspensión de plazos y franqueo de autos”."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad. Los Dres. Jenefes (voto principal), Miranda y Otaola adhirieron. No se registran disidencias.