Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-193.265/2008 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala II- Vocalía 6) Ordinario por daños y perjuicios: Zubelza, Ramón Héctor c/ Estado Provincial

¿Quién es el actor?

Ramón Héctor Zubelza, en representación de los menores L. M. G. Z. y H. E. Z. (herederos/beneficiarios por la muerte de Emilce Natalia Rivera).

¿A quién se demanda?

Estado Provincial (Policía de la Provincia de Jujuy); se hicieron extensivas condenas a terceros: Ariel Alfredo Cejas, Juan Carlos Gustavo Cáceres, Fabián Héctor Choque y Marcelo Iván Delgado.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios (daño material y daño moral) por la muerte de la agente Emilce Rivera, causada por un disparo con arma reglamentaria ocurrido en la Comisaría Nº 55.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Estado Provincial y por Juan Carlos Gustavo Cáceres; se revocó la sentencia recurrida en todas sus partes y se rechazó la demanda contra el Estado Provincial; se revocó asimismo la condena extensiva a los terceros obligados. Se impusieron las costas por el orden causado y se diferieron las regulaciones de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Inicialmente, cabe recordar que la excepcionalidad del recurso de inconstitucionalidad impone una aplicación de él en extremo restrictiva. Es así que “… el vicio de arbitrariedad -que alcance para descalificar un fallo- debe ser grave y tiene que probarse, y no cabe respecto de las sentencias meramente erróneas o que contengan una equivocación cualquiera, si no padecen de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que la descalifiquen como pronunciamiento judicial (CSJ, Fallos, 294:376, 310:1707)” (L.A. Nº 38, Fº 1390/1393, Nº 534). En el sub-examine, entiendo configurada dicha circunstancia, por lo que el recurso resulta procedente."

"En esa tarea, contrariamente a lo resuelto por la Cámara, estimo que de la apreciación del plexo probatorio emerge que el Estado Provincial, a fin de eximirse de responsabilidad por el suicidio de Rivera causado con el arma reglamentaria de un funcionario policial, acreditó la culpa de la víctima como elemento de ruptura de la conexidad entre el hecho y el daño, por lo que tal defensa debe prosperar. Consecuentemente, el reclamo resarcitorio basado en dicha causal, se torna improcedente."

"De este análisis se interpreta la absoluta voluntad de la víctima de autoprovocarse la muerte, asegurándose que su objetivo no fuera obstaculizado por el obrar de los efectivos que se encontraban presentes en la Seccional en el momento del hecho, y con pleno conocimiento de la letalidad del arma utilizada y del seguro resultado dañoso que le provocaría, por la especial instrucción que poseía la agente acerca de su funcionamiento, ya que también era numeraria de la Policía (en ese momento no se encontraba prestando servicios); lo cual amerita aún más responsabilizarla por la causación de su propio daño."

Además, el Tribunal sostuvo que no se verificó nexo causal adecuado entre las conductas imputadas a los dependientes estatales (registro de ingreso, traslado de la víctima, falta de aviso al jefe) y el resultado dañoso; consideró que las omisiones atribuidas no fueron idóneas como causa eficiente del suicidio ni fueron probadas como faltas de servicio con relación causal directa al desenlace. Por ello revocó la extensión de condena a los terceros obligados y absolvió al Estado.