Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-201.317/2022 (Tribunal Contencioso Administrativo - Sala I - Vocalía 2) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: “Alarcón, María Luisa c/ Poder Ejecutivo - Estado Provincial

¿Quién es el actor?

Dra. María Elena Zarif de Massaccesi en representación de la Sra. María Luisa Alarcón.

¿A quién se demanda?

Poder Ejecutivo - Estado Provincial.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad del Decreto Nº 8571-S-2015 y la readecuación de categoría de la actora en el escalafón profesional.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad y se confirmó la sentencia de la Sala I del Tribunal Contencioso Administrativo de fecha 10/02/2023 que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo por excepción de caducidad; se impusieron costas a la vencida y se regularon honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Para descalificar una sentencia por causa de arbitrariedad en el razonamiento legal se debe efectuar un análisis de los defectos lógicos que justifican esa conclusión, lo que no importa convertir a la Corte Suprema en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputan tales sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como `la sentencia fundada en ley´ a que se refieren los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional". (Fallos: 339:499).

"En virtud del adecuado análisis efectuado por el Tribunal de la cuestión en discusión, resulta evidente que el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción presentado por la actora en fecha 19/05/2022 para que el Estado Provincial dicte otro acto administrativo de readecuación de la agente al escalafón profesional, fue interpuesto cuando el plazo legal previsto en el artículo 8 del Código Contencioso Administrativo se encontraba ampliamente cumplido, ya que la notificación del decreto se realizó en fecha 29/09/2015. Entonces, el plazo de caducidad de 30 días hábiles establecido en el artículo 8 se encontraba efectivamente vencido."

"En concordancia con lo expuesto, esta Suprema Corte de Justicia en el caso `Cartellone c/ Estado Provincial', dejó establecido que: `el plazo para deducir los recursos contenciosos administrativos de plena jurisdicción y de anulación, en principio, es de treinta días contados desde la notificación de la resolución denegatoria o del último día del plazo a que se refiere el artículo 6º del Código'. Y se agregó que `cuando el interesado deja transcurrir los plazos señalados, aquellos de los artículos 8 y 9 del Código, sin promover la acción contenciosa administrativa, ella se extingue por caducidad, de tal suerte que el recurso jurisdiccional ya no puede plantearse' (L.A Nº 33 Nº 72)."

(Se consignan además las costas a la vencida y la regulación de honorarios: Fiscalía de Estado $105.000; Dra. Zarif de Massaccesi $74.000, con intereses por mora.)

¿Cómo votaron los jueces?

El voto de la Dra. Nieva expone los fundamentos; los Dres. Llamas y Otaola adhieren. El dispositivo final confirma el rechazo del recurso.