RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD interpuesto en el Expte. Nº C-078.546/2016 (Tribunal del Trabajo Sala I - Vocalía 2) “RIESGO DE TRABAJO FUNDADO EN EL DERECHO COMÚN: ANACHURI JULIO CÉSAR C/ ESTADO PROVINCIAL

¿Quién es el actor?

Julio César Anachuri (actor en la causa originaria).

¿A quién se demanda?

Estado Provincial (representado por Dr. Eduardo Alejandro Bracamonte en el recurso).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Prestaciones dinerarias por incapacidad derivada de accidentes de trabajo (secuelas en rodilla izquierda, con liquidación por incapacidad y actualización e intereses).

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial y ordenó remitir las actuaciones a la Sala I del Tribunal del Trabajo para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme las pautas indicadas, en especial por considerarse arbitraria la aplicación de la tasa de dos veces y media la tasa activa para la actualización del capital condenatorio.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“En cuanto al requisito de admisibilidad formal del artículo 8 de la Ley Nº 4346 y sus modificatorias, el recurso fue deducido contra una sentencia definitiva, entonces formalmente revisable por esta vía recursiva.

Viene a estudio un recurso mediante el cual el recurrente se agravia por la actualización del capital de condena con una tasa de interés ajena a la de uso judicial.

En lo relativo a la actualización del capital con una tasa de interés de dos veces y media, mantengo el criterio en los cuales me expresé con anterioridad.

Como ya dije en L.A. Nº 6 Fº 587/590, Nº 187, las reglas sobre actualización de las prestaciones dinerarias dispuestas en la ley 26.773 se aplican a las contingencias previstas en la Ley 24.557 cuya primera manifestación invalidante o infortunio se produzcan a partir de su publicación, esto es a partir del 26 de octubre de 2012, conforme expresamente lo recepta el artículo 17 en los apartados 5º y 6º de esa normativa. Ello ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. S/ Recurso de Queja s/ accidente-Ley especial”, donde queda zanjada la discusión de la aplicación temporal de la ley 26.773. Allí se determinó que el reajuste de las indemnizaciones por accidentes de trabajo con la variación del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuestas por la ley 26.773, vigente a partir del 25 de octubre de 2012, rigen para el futuro, es decir para los accidentes ocurridos y las enfermedades manifestadas con posterioridad a su publicación. Por su parte, esta Corte Suprema de Justicia, en la causa “Israel Basco c/ Liberty” (L.A. Nº 2 Fº 703/709 Nº 198), estableció que la actualización con dos veces y media la tasa activa que cobren los bancos oficiales para operaciones de descuento de documentos comerciales de los montos a las prestaciones dinerarias del régimen de riesgo, por aplicación analógica del artículo 275 de la LCT, corresponde a los casos cuyas contingencias acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 26.773; debiendo analizarse la particularidad del caso, teniendo en consideración los principios de equidad, progresividad y reparación justa. Esta postura se reitera en numerosos precedentes de esta Corte Local (L.A. Nº 3 Fº 193/201 Nº 563; L.A. Nº 2 Fº 703/709 Nº 198, entre otros).

Así las cosas, siendo que el actor sufrió el accidente el día 01 de agosto de 2016, tal como surge acreditado en la causa, y que no es cuestión controvertida en esta instancia, la aplicación del precedente “Zamudio c/ Achi” se torna aplicable, siendo arbitraria la aplicación de la tasa de dos veces y media, por lo que este agravio debe prosperar.

En razón de lo expuesto, propicio hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Eduardo Alejandro Bracamonte, en representación del Estado Provincial, debiendo remitirse las actuaciones al tribunal de origen, Sala I del Tribunal del Trabajo, a fin de que emita un nuevo pronunciamiento conforme las pautas indicadas.

Imponer las costas de esta instancia por el orden causado, no obstante la procedencia del recurso, a fin de no afectar la integralidad de la indemnización del trabajador (art. 102 último párrafo CPC), y diferir la regulación de los honorarios profesionales generados en esta instancia recursiva hasta tanto se cuente con pautas para efectuarla y pueda aplicarse lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 6112/18.”

¿Cómo votaron los jueces?

La decisión fue unánime: voto preopinante del Dr. Meyer con adhesión de las Dres. Bernal y Otaola. Bloque dispositivo final confirma el acuerdo.