Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-144.445/2019 (Tribunal Contencioso Administrativo -Sala I- Vocalía 1): Contencioso administrativo de plena jurisdicción: Gutiérrez Hugo Darío c/ Estado Provincial

¿Quién es el actor?

Estado Provincial, representado por el Dr. José Miguel Cruz (Procurador Fiscal).

¿A quién se demanda?

Hugo Darío Gutiérrez (actor en el juicio de origen) - actuación en contra de la providencia dictada por la Sala I del Tribunal en lo Contencioso Administrativo.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que rechazó el planteo de caducidad de la instancia y que, además, impuso una prevención/disciplina al Procurador Fiscal; se cuestiona también la incorporación de documentación y la continuidad del trámite procesal.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad únicamente respecto de la prevención impuesta al Procurador Fiscal Dr. José Miguel Cruz y se deja sin efecto dicha sanción; se imponen las costas al recurrente y se difiere la regulación de honorarios. Se rechazaron los restantes agravios respecto de la caducidad, confirmando en lo sustancial la valoración del Tribunal de grado sobre la ausencia de abandono del proceso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De la lectura del escrito respectivo surge que el agravio que motivó su interposición se basa en la decisión del a quo de rechazar el planteo de caducidad de instancia formulado por el demandado.

Entiendo que el recurso intentado no puede prosperar en tanto los fundamentos sobre los que se apoya y los argumentos utilizados por el recurrente, no constituyen sino meras discrepancias con lo resuelto por el Tribunal de grado. De su lectura no logro extraer razones ni elementos que me permitan concluir que la sentencia recurrida es arbitraria y por lo tanto que una decisión justa sólo se logrará conmoviendo lo resuelto por el a quo.

Reiteradamente este Superior Tribunal de Justicia -siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha dicho que la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de la prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho común..."

"Por último, entiendo que asiste razón al recurrente en relación a la improcedencia de la sanción de prevención que le fuera aplicada en su carácter de procurador fiscal en el resolutorio atacado.

En efecto, ello no puede ser de otra manera en tanto surge evidente que la defensa efectuada por el abogado del Estado al plantear la caducidad en la instancia de grado, fue ejercida en uso de facultades que le son propias y que hacen a su deber como representante de los intereses del Estado (art. 16 inc. 1 y ccs. de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado Nº 2995) y que en modo alguno puede interpretarse como una conducta dilatoria del proceso.

Estimo necesario dejar sentado, además, que de la lectura del trámite que precedió al remedio que nos convoca, se advierte que el Dr. José Miguel Cruz, siguiendo el procedimiento previsto por el artículo 26 de la Ley Orgánica de este Poder Judicial (LOPJ), dedujo la correspondiente revocatoria para impugnar la sanción que le fue aplicada, pues, como es sabido, la imposición de correcciones disciplinarias -tal es el caso- importa un claro ejercicio de la función administrativa de la que se hallan investidos los magistrados."

¿Cómo votaron los jueces?

El dispositivo final, rubricado por los jueces Llamas, Nieva y Otaola, resolvió en acuerdo por mayoría lo transcripto; no se registran votos en disidencia consignados en el bloque dispositivo final.