MUÑOZ DE RIVEROS IRIS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA P/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El agente público promovió acción por la nulidad de su remoción y la declaración de inconstitucionalidad del decreto de cesantía por no haberse seguido el procedimiento sumarial previsto. La Suprema Corte sostuvo que la remoción exige sumario previo con instrucción por escrito y audiencia, y que la falta de fundamente concreto o la simulación de reorganización torna al acto arbitrario e inconstitucional.
¿Quién es el actor?
DESCONOCIDO (agente público afectado por remoción/cesantía).
¿A quién se demanda?
DESCONOCIDO (Administración pública provincial / autoridad que dictó la remoción).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad del acto de remoción/cesantía del empleado público y declaración de inconstitucionalidad del acto por inexistencia del procedimiento sumarial y por falta de fundamentación adecuada.
¿Qué se resolvió?
DESCONOCIDO respecto al fallo concreto; el texto establece principios: la Corte debe conocer la separación del agente conforme al artículo 12 del estatuto (ley 2773); la remoción sin sumario es inconstitucional; y todo acto de remoción debe estar fundado más allá de referencias genéricas a reorganización o racionalización.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Una vez dictado el Estatuto del Empleado Público (ley 2773) la Corte debe conocer en la separación del agente, con arreglo al procedimiento especial fijado por el artículo 12, el cual no contiene el requisito de la previa reclamación administrativa para que se reconsidere la cesantía."
"Lo que la Constitución ha establecido en el art. 30 como principio operativo de una garantía mínima, es que el hecho que se imputa a la agente haya sido motivo de un sumario que en una administración organizada, no puede instruirse sino por escrito y con audiencia del interesado. La valorización o apreciación de la gravedad de la falta es de exclusivo resorte del Poder al cual está sometido el agente, en su relación de empleo. Por ello, si no se instruyó sumario, el decreto de cesantía es inconstitucional."
"Todo acto de remoción del agente, deberá ser fundado; ésto no se salva con genéricas referencias al servicio público si el cargo o la función no se ha suprimido legalmente en forma expresa. Tampoco podrá hablarse de que se remueven por reorganización o racionalización, si estos no existen como cuerpo legal. En estos casos se menciona la causa legal pero no existe en la realidad; y será entonces un acto inaceptable y arbitrario, por la desviación jurídica que contiene."
(No se consignan votos discrepantes en el extracto recibido.)
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