GINESTAR DE ARROYO ISABEL C/ GOBIERNO DE MENDOZA P/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El actor impugnó su cesantía de oficio mediante acción contencioso administrativa por acto administrativo dictado in audita parte. El tribunal admitió parcialmente la pretensión y modificó la solución anterior en cuanto reafirmó la necesidad de la revocatoria previa (recurso de reconsideración) cuando el acto haya sido dictado de oficio, como requisito formal para abrir la vía judicial.
¿Quién es el actor?
Empleado público cesanteado de oficio (actor no individualizado en el extracto).
¿A quién se demanda?
Poder Ejecutivo/Autoridad administrativa provincial.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de la cesantía de oficio por acto administrativo dictado sin audiencia (inaudita parte); procedencia de la acción contencioso administrativa y exigencia o no de previa reclamación administrativa (recurso de reconsideración/revocatoria).
¿Qué se resolvió?
El tribunal sostuvo que, en general, la acción contencioso administrativa es procedente en cesantías de oficio conforme a la jurisprudencia desde la sanción del Estatuto del Empleado Público; no obstante, cuando el acto administrativo impugnado fue dictado de oficio, sin audiencia, corresponde la previa interposición del recurso de reconsideración (revocatoria) como requisito formal para habilitar la vía judicial. Se admite la pretensión en la medida necesaria para señalar el requisito procedimental de la revocatoria previa en esos supuestos.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Es necesaria la revocatoria previa cuando el acto administrativo -mas tarde sometido al control jurisdiccional- fué dictado de oficio, sin audiencia alguna del agente afectado por la decisión."
"El Tribunal, desde la ley que sancionó el Estatuto del Empleado Público, invariablemente, sea por mayoría o en pleno, ha declarado la procedencia formal de la acción, en cesantías de oficio, sin la previa reclamación administrativa, pese a las impugnaciones formuladas al respecto tanto por el Poder Ejecutivo como por Fiscalía de Estado."
Del voto del Dr. Martinez Vazquez: "El acto administrativo que ha dado lugar a la acción contenciosa, configura pura y simplemente, un decreto que afecta los derechos del administrado dictado in audita parte por el Poder Ejecutivo de la Provincia. Y son presisamente, estos pronunciamientos de oficio de la autoridad administrativa, los que exigen para abrir la reclamación judicial, la interposición oportuna del recurso de reconsideración."
Del voto del Dr. Galdos: "Es necesario para que proceda la acción contencioso administrativa, la previa reclamación en sede administrativa y cuando el acto impugnado ha sido 'inaudita parte' debe interponerse recurso de reconsideración, pese a que pueda emanar de la más alta autoridad administrativa, porque para que pueda existir denegación, lógicamente es menester que exista una petición que no haya sido acogida y no sólo una resolución que perjudique a la parte."
¿Cómo votaron los jueces?
Se consignan votos que, aunque reconocen la doctrina sostenida sobre la procedencia de la acción en cesantías de oficio desde la vigencia del Estatuto, subrayan la necesidad de la interposición previa del recurso de reconsideración cuando el acto fue dictado in audita parte (Dr. Martínez Vázquez y Dr. Galdos).
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