BASTAN JOSE MANUEL EN J° 251.714/52.561 MENENDEZ, ANDRES HECTOR C/ BASTAN, JOSE MANUEL Y OTS. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL

¿Quién es el actor?

Andrés Héctor Menéndez (por intermedio de representante).

¿A quién se demanda?

José Manuel Bastán y Alta Gama S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios (incluyendo privación de uso, pérdida de chance de venta en U$S 9.000, gastos de tratamiento psicológico y daño moral) por denuncia penal imprudente/infundada que derivó en secuestro del vehículo y descrédito del actor.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario provincial interpuesto por Bastán; se confirmó la sentencia de la Tercera Cámara de Apelaciones que había hecho lugar parcialmente a la demanda y condenado solidariamente a Bastán y a Alta Gama S.A. al pago de las sumas fijadas (con costas para la recurrente).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (lenguaje original del Tribunal):

"La acción resarcitoria prevista por el ordenamiento civil (Código Velezano) para los daños a derechos personalísimos se encuentra regulada en el capítulo II “De los delitos contra las personas” y en lo que aquí respecta especificamente en el art. 1089 donde se trata el daño provocado por la calumnia (atribución de un delito de acción pública) o por la injuria (ofensa al honor, desacreditación), como así también en el art. 1090 mediante el cual se intenta reparar el daño conferido por una acusación calumniosa.

Para que proceda la debida reparación en ocasión del daño conferido, la existencia de los presupuestos propios de la responsabilidad civil (daño, antijuridicidad, relación de causalidad, factor de atribución) y además aquellos determinados y específicos parámetros, que permitan determinar la legítima afectación espiritual que se invoca y pretende sea reparada. Debe existir entonces: 1) Una denuncia o acusación, bastando que la misma tenga aptitud para excitar la actividad policial o judicial, con independencia de la forma que reviste la noticia sobre el hecho delictuoso (Matilde Zavala de Gonzalez “Resarcimiento de daños, Daños a las personas (integridad espiritual y social) Tomo 2 C, de. Hammurabi, pág. 384); 2) la imputación de un delito a persona determinada; 3) la falsedad del acto denunciado y 4) el factor subjetivo, que el denunciante haya obrado con conocimiento de tal falsedad y con intención de dañar.

Con relación al factor subjetivo de atribución, si bien la norma (art. 1090 CC) se refiere al conocimiento de la falsedad de la imputación e intención de dañar (dolo: art. 1072 del Código Civil), corresponde aclarar que, en ausencia de éste, el caso debe analizarse desde la óptica del art. 1109, si de las pruebas surge que la conducta es imputable a título de culpa (art. 512 del CC).

Es que, aunque no se acredite que el denunciante o querellante conocía la falsedad de su denuncia, bien pudo actuar con ligereza o negligencia, lo que entraña la noción de culpa, criterio avalado en la doctrina..."

Además, el tribunal reproduce y sigue los razonamientos de la Cámara de Apelaciones que valoró las pruebas (documentales, testimoniales y pericial) y concluyó que:

"la denuncia penal efectuada en el ejercicio regular de un derecho... incrimina a una persona determinada el delito de estafa y hurto, a sabiendas de que los hechos relatados no se condecían con lo realmente ocurrido... [y] la denuncia fue realizada con el afán de perjudicar al denunciado, bajo la imputación de delitos que bien conocía el denunciante no habían ocurrido."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Dalmiro Fabián Garay Cueli expone el análisis y conclusiones; los Dres. Pedro Jorge Llorente y Julio Ramón Gómez adhieren al voto. El fallo resolutorio (bloque dispositivo) confirma la sentencia de Cámara y rechaza el recurso extraordinario, imponiendo costas a la recurrente.