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Tribunal Superior

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS EN J 21329 ROMANO VIVIANA ISABEL C/ LA SEGUNDA ART SA Y OTS P/ ENFERMEDAD ACCIDENTE S/ EXT. EXTRAORDINARIO PROVINCIAL

La Dirección General de Escuelas interpuso recurso extraordinario provincial contra la sentencia laboral que había condenado al organismo por enfermedad-profesional y le impuso el pago de $132.783. La Sala Segunda hizo lugar al recurso, revocó la condena contra la D.G.E., rechazó la demanda en todas sus partes y reguló costas y honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
13-01969584-5/1
Responsabilidad civil Incapacidad Causalidad Enfermedad profesional Disfonia funcional Costas y honorarios. A.r.t. Antijuricidad Ley 24.557 art. 39 D.g.e.

¿Quién es el actor?

VIVIANA ISABEL ROMANO (actora).

¿A quién se demanda?

LA SEGUNDA A.R.T. S.A. y DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios por enfermedad/accidente laboral (disfonía funcional, incapacidad sobreviniente y daño moral), reclamando montos (incapacidad $55.000, daño moral $15.000; suma reclamada neta $54.012), y en el grado se reconocieron distintos importes y se homologó incapacidad administrativa (16%).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso extraordinario provincial; se dejó sin efecto la condena impuesta a la Dirección General de Escuelas y se rechazó la demanda contra la D.G.E. en todas sus partes. Se confirmó que la acción contra La Segunda A.R.T. estaba ya firme/consentida por $28.000; se impusieron las costas del recurso en el orden causado y se regularon honorarios (porcentajes sobre la base regulatoria según ley 9131).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Del análisis de dichos elementos en la causa, entiendo que no se acreditó el primero de los elementos dentro de los presupuestos determinantes de la responsabilidad, es decir, un obrar antijurídico por acción u omisión de la Dirección General de Escuelas.

Considero que los fundamentos del sentenciante como base de la calificación del obrar antijurídico son la pericia en higiene y seguridad y el cambio de funciones determinado por el empleador.

No advierto que surja una conducta antijurídica en el accionar de la Dirección General de Escuelas (cambio de funciones de la actora), ni tampoco una omisión del organismo (condiciones del establecimiento).

Más aún, la aseguradora otorgó las prestaciones en especie, tratamiento foniátrico, y abonó la incapacidad resultante de la disfonía funcional irreversible; por su parte la empleadora dispuso el cambio de funciones con el objeto de cumplir con el diagnóstico de la homologación de las incapacidades médicas laborales: 'dificultad para desarrollar tareas: uso de la voz'. (fs. 13 autos principales) y del informe de la Coordinación de la Unidad de Control de Gestión de Salud Laboral (fs. 16 autos principales).

Tengo en cuenta que la pericia en higiene y seguridad concluyó que el inmueble se encontraba en buen estado general (fs. 113 vta.), sin perjuicio de las recomendaciones para mejorar la insonorización del inmueble y de las recomendaciones respecto de la capacitación del personal docente.

La falta de antijuricidad en la conducta de la recurrente, autoriza a enervar la pretendida responsabilidad que pretende endilgar el sentenciante."

"Por contrario, se observa una orfandad de prueba para acreditar un daño material o moral derivado de una incapacidad psicológica, menos aún una adecuada relación causal con el hecho que denuncia como generador de la misma.

Tengo en cuenta que la pericia psicológica determinó una incapacidad de 0% conforme Baremo de Ley de Riesgos de Trabajo (fs. 203 principales), y que no se produjo ninguna prueba médica adicional.

No agrega el sentenciante ningún elemento de análisis que permita apartarse de la reparación del sistema. Los datos valorados por el juzgador: tareas desarrolladas, grado de incapacidad, edad, salario percibido, edad jubilatoria, relación de empleo, son todos elementos que en principio integran la fórmula de reparación prevista por el sistema.

La decisión del juzgador no puede solventarse únicamente en cálculos aritméticos para decidir la inconstitucionalidad de un precepto. Debo recordar que este órgano con distintas integraciones y salas ha sostenido de forma reiterada que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio de la actividad jurisdiccional y sólo justificable en aquellos casos en que la norma se encuentre expresamente reñida con el orden público, la moral y/o las buenas costumbres. Circunstancias que no se avizoran en el presente caso."

¿Cómo votaron los jueces?

unanimidad de la Sala (Dr. José V. Valerio, Dr. Omar A. Palermo y Dr. Dalmiro F. Garay Cueli) adhieren al voto que aconseja hacer lugar al recurso y a los fundamentos expuestos. No hubo disidencias.

Normas que cita

  • Ley 24.557art. 39 · Ley de riesgos del trabajo
  • CC (Vélez, Código Civil)arts. 1074, 1109
  • CCyCN (Código Civil y Comercial)
  • Constitución (Mendoza)art. 160
  • CPCCCT / CPCCT (Mendoza)arts. 150, 162 (nota)
  • CPCCyT / CPCCT (Mendoza)art. 36
  • Ley 9131 (Mendoza)arts. 2, 3, 15, 16, 31
  • Baremo Ley de Riesgos de Trabajo

Fallos que cita

  • "Matas"25/10/2016
  • "Vizcaya"
  • "Carinadu SA c/. Banco de la Provincia de Buenos Aires"CS · 02/03/2016

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