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Tribunal Superior

GOMEZ ESTELA MABEL EN J 16268 GOMEZ ESTELA MABEL C/ GENTILE RODOLFO P/ DESPIDO/ EXT. EXTRAORDINARIO PROVINCIAL

La actora promovió recurso extraordinario provincial contra la sentencia que rechazó su demanda por relación de dependencia y rubros por despido. La Sala Segunda rechazó el recurso por improcedente para revisar la valoración probatoria de grado y confirmó la convicción de que la relación fue de locación de servicios, imponiendo costas a la recurrente.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
13-04735220-1/1
Costas Arbitrariedad Honorarios Relacion de dependencia Locacion de servicios Valoracion probatoria Rechazo. Recurso extraordinario provincial Lct art. 23 Cpccyt

¿Quién es el actor?

Estela Mabel Gómez, por apoderado Dr. Juan José Cunieti.

¿A quién se demanda?

Rodolfo Gentile.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo por despido: reconocimiento de relación de dependencia y cobro de rubros no retenibles, indemnizatorios y multas vinculados a la relación laboral.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario provincial interpuesto por la actora; se impusieron las costas a la recurrente y se regularon honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"III. Entiendo que la censura interpuesta, dirigida a objetar el análisis probatorio efectuado en la instancia de grado, no puede prosperar.

1. La arbitrariedad vinculada con la violación del derecho de defensa, debe quedar limitada a las situaciones excepcionales de clara denegación del mentado derecho, o bien, cuando cabe asimilar la omisión arbitraria del examen de prueba fundamental, a la denegación de ofrecer y producir en el proceso una prueba decisiva y procedente, o por último, cuando la prueba es interpretada de tal modo que decide el contenido mismo de una disposición legal. (LS 145-473, 146-231, 147-37, 152-175)

En tal sentido, es necesario que se trate de vicios de tal gravedad y consecuencia, que hagan imprescindible por razones de orden público, su reparación por la vía de ese recurso (LS 131-299, 157-24).

2. El recurrente acusa la arbitrariedad de la sentencia impugnada, dirigiendo su embate a la errónea valoración que efectuara el sentenciante de los testigos que declararon en la causa, tanto las de su parte como los ofrecidos por la accionada, quienes trabajan en la concesionaria del demandado y por tanto fueron parciales en su declaración.

a. Sin embargo, de la lectura de la queja surge que, en ningún momento, el impugnante acredita la inobservancia, por parte del a quo, de alguno de los supuestos de indefensión consagrados en la ley de rito, evidenciando a la postre, un simple disenso con la solución a la que arribara.

b. Por otra parte, cabe destacar que el aspecto esencial del agravio vinculado a la razonabilidad del juicio valorativo y la oposición al criterio del tribunal de conocimiento, implica el ingreso en un ámbito de exclusiva facultad discrecional reservada a los jueces de grado, esgrimiendo fundamentos que traslucen un simple disenso con el razonamiento judicial y sustentados en la apreciación personal de la reprochante, lo que obsta a la procedibilidad del remedio articulado.

c. Advierto de la lectura del acto sentencial que el juzgador ha analizado la prueba que se dice omitida -valoración de los testigos- dando razón de sus afirmaciones. Meritó dicha prueba, otorgándole valor probatorio a algunos y restándosela a otros con los siguientes argumentos.

(i) Salvo los testigos Funez y Farina vinculados por una relación laboral y comercial respectivamente con el demandado, los demás (Pizarro, Fernández) no tenían relación con las partes por lo que no hubo respecto de los mismos ninguna inidoneidad que generara sospechas sobre la eficacia probatoria de sus testimonios.

(ii) Por ello Funez y Farina le generaron sospechas sobre la eficacia probatoria de sus testimonios, aunque no le hicieron dudar de la existencia jurídica ni de la validez de su declaración, pero sí era un elemento que obligaba a juzgarlos con debido rigor sus dichos, lo que no implicaba descalificar sus declaraciones por esas únicas circunstancias. Por ello, le resultó creíble la declaración de Farina, ya que no tenía un concreto interés en congraciarse con el demandado para posicionarse mejor o peor y no tenía contradicciones en sus dichos con relación a los demás testigos. Por otro lado, Funez, si bien fue tachado por la actora, tal incidente se resolvió desfavorablemente al peticionante en función de que de sus dichos no se desprendía la parcialidad adjudicada, su declaración fue clara y asertiva, sin contradicciones.

(iii) Pizarro tampoco evidenció parcialidad ni contradicciones, pero aportó muy pocos datos para la dilucidación de la causa. Fernández no fue claro, y evidenció contradicciones con las constancias de la causa sobre todo con la postura de la parte actora, sumado a la forma en que fue brindada su declaración evidenció parcialidad a favor de la accionante.

d. En este sentido esta Corte ha sostenido: '... La ponderación de los hechos o pruebas, queda librada a la discrecionalidad y a la prudencia de los jueces, por lo que tratándose de la apreciación de situaciones de hechos están sustraídas del recurso extraordinario, salvo el supuesto de arbitrariedad.'.

De tal modo surge claro un convencimiento del juzgador, ajustado a las constancias probatorias y apoyado en normas jurídicas, que las partes se vincularon a través de un contrato de locación de servicios y no a través de una relación de dependencia. Esta postura conviccional, acorde a derecho, descarta absolutamente la tacha de arbitrariedad por voluntarismo, la cual se configura únicamente cuando el razonamiento del juzgador aparece como caprichoso, ilógico o absurdo. La mera discrepancia, que es en realidad lo que sucede en la presente queja, o el acierto o error en la ponderación probatoria, no autorizan de ninguna manera a activar los medios anulatorios propios de un recurso extraordinario."

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Mario Daniel Adaro, José V. Valerio y Omar Alejandro Palermo votaron en adhesión; no se registran votos disidentes.

Normas que cita

  • Ley 9131 (Mendoza)arts. 2, 3, 15, 16, 31
  • CPCCyT (Mendoza)arts. 145 ap. II, 147, 36

Fallos que cita

  • Carinadu SA c/. Banco de la Provincia de Buenos AiresCS (Suprema Corte de Justicia de Mendoza) · 02/03/2016

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