GOMEZ JESUS ALBERTO C/ DIRECCION GRAL. DE ESCUELAS P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

¿Quién es el actor?

Jesús Alberto Gómez.

¿A quién se demanda?

Dirección General de Escuelas (Provincia de Mendoza).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la Resolución N° 2119 de fecha 04.09.2018 que impuso la sanción de cesantía; se peticiona la reincorporación o consecuencia procedente.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la acción procesal administrativa; se declaró la nulidad de la Resolución N° 2119/2018 por vicios del debido proceso y de motivación; se declaró inconstitucional, en su aplicación al caso, el art. 53 del Decreto-Ley N° 560/73 en la parte que otorga al Estado la opción de indemnizar en lugar de reincorporar; se condenó a la DGE a reincorporar al actor (art. 52 Dec.-Ley 560/73). Se regularon honorarios por $42.000.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Debe tenerse presente que, tal como ha afirmado la Procuración del Tesoro de la Nación la declaración como sumariado constituye una forma esencial del procedimiento y de la validez de dicho acto dependen los actos posteriores que tienen como presupuesto dicha vinculación... Asimismo, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, (causa "Baena Ricardo y otros c. Panamá", 2001) que las garantías de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos no son exclusivamente imperativas para los procesos penales sino que, por el contrario, son plenamente aplicables a cualquier procedimiento, incluido así el procedimiento administrativo sancionador."

"A la luz de la normativa arriba expuesta, se avizora que la Resolución cuestionada no cumple las exigencias legales de motivación, encontrándose viciada gravemente, sin posibilidad de enmienda (art. 68 inc. b L.P.A). Concretamente, se observa que la misma no cuenta con una argumentación autónoma, que abarque el análisis de todos los elementos de la causa, sino que remite genéricamente a los 'fundamentos legales vertidos por la Instrucción Sumaria a fs. 43 y vta.' Es decir, la misma efectuó lo que la doctrina generalmente denomina una motivación 'in aliunde', la que se encuentra expresamente prohibida por el ordenamiento local vigente."

"Por lo expuesto, entiendo que el proceder de la demandada en este sentido se encuentra afectado por un vicio grave (art. 60 inc. a L.P.A.) lo que determina la nulidad del acto cuestionado (art. 72 L.P.A.)."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto del Dr. Pedro Jorge Llorente con adhesión de los Dres. Julio Ramón Gómez y Dalmiro F. Garay Cueli (unanimidad en las conclusiones).