ROMERO MARIA JIMENA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

¿Quién es el actor?

Sra. María Jimena Romero.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Mendoza (Ministerio de Salud).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad parcial de la Resolución N°692/15 (por mantenerle la situación de revista de auxiliar administrativa pese a asignarle funciones de abogada), reconocimiento de la clase profesional correspondiente y pago retroactivo de diferencias salariales desde noviembre de 2013; impugnación además del Decreto N°2183/18 que declaró inexistente la Resolución 692/15.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda; se consideró legítimo el Decreto N°2183/18 que declara inexistente la Resolución N°692/15 por la concurrencia de vicios groseros (art. 51 y 52 LPA) y por imposibilidad material de realizar las funciones asignadas en un órgano desconcentrado sin asesoría letrada; costas al orden causado y regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En esta línea, y conforme la información suministrada por la Subdirección del Personal de Salud, la Unidad organizativa donde revista la actora no cuenta en su planta presupuestaria con un cargo vacante de asesor letrado. (fs. 78 vta.). Por tanto, no existe cargo, ni vacante ni previsión presupuestaria que habilite la designación en funciones de abogado. Esta circunstancia conlleva a la determinación del vicio en el objeto del acto, de carácter grosero atento a que lleva en sí misma, y desde la génesis del acto, la imposibilidad de hecho que supone la asignación de funciones que no es dable realizar por cuanto no se encuentran previstas en el esquema funcional del área. Vale decir, decide lo imposible."

"En este contexto, al analizar la normativa relativa al escalafón aplicable, ... lo cierto es que las tareas propias de la Asesoría Letrada, consistente en contestación de demandas, o realización de actuaciones judiciales, la elaboración de dictámenes o informes consultivos, no ha sido acreditadas por la actora. ... De esta circunstancia se deriva que no sólo no realizaba las tareas propias del asesor letrado sino que además se veía impedida de ejercerlas. (art. 51 LPA). Y que la entidad de la anomalía hasta aquí analizada es de tipo grosero, habilitando la operatividad de la norma que contiene el art. 76 de la LPA. Lo que confirma la legitimidad del Decreto N°2183/18, y mantiene, en consecuencia la inexistencia de la Resolución N°692/15 allí declarada."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Julio Ramón Gómez adhirió en lo esencial al rechazo pero expresó voto ampliatorio parcial: sostuvo que, además de las consideraciones sobre los vicios materiales, el artículo 2° del Decreto 2183/18 incurre en arbitrariedad procesal por configurar una reformatio in peius y violar el derecho de defensa de la actora al resolverse el recurso administrativo en perjuicio de quien lo promovió; advirtió la ausencia de oportunidad para ser oído y la improcedencia de evitar la vía de la lesividad.