F. C/ VAZQUEZ CORREA, ABEL Y OT. P/ HOMICIDIO AGRAVADO S/ CASACIÓN

¿Quién es el actor?

Ministerio Público Fiscal (recurrente de casación) y, separadamente, la querellante particular (recurrente de casación).

¿A quién se demanda?

la resolución dictada por el Tribunal Penal Colegiado N°1 de la Segunda Circunscripción Judicial (resolución del 04/11/2019 que rechazó el planteo de incompetencia).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

que se declare la incompetencia del Tribunal Penal Colegiado N°1 y se ordene el enjuiciamiento conforme a la ley de juicio por jurados (ley 9.106), por entender vulnerados el juez natural y la posibilidad de juzgamiento por jurados.

¿Qué se resolvió?

se desestimó formalmente el recurso de la querellante particular; se inadmitió en lo sustancial el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, se confirmó la resolución del 04/11/2019 que rechazó la excepción de incompetencia. Se tuvo presente la reserva del caso federal y se remitieron las actuaciones al tribunal de origen.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, la resolución emitida por el Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial no constituye sentencia definitiva ... No obstante, entiendo que la decisión sometida a consideración de esta instancia debe equipararse a definitiva debido a que, por las particulares circunstancias del caso analizado, resulta de trascendencia expedirse sobre el fondo de la cuestión en tanto se encuentran en tela de juicio la garantía del juez natural y la sustanciación de la causa a través del sistema de enjuiciamiento por jurados populares (sobre ello, ver CSJN, fallo del 2 de mayo de 2019, «Canales» y Suprema Corte de Justicia de Mendoza, sentencia del 7 de febrero de 2020, «Petean Pocoví»)."

"Como se advierte, y respecto de las causas iniciadas con anterioridad a la vigencia de la ley 9.106, su art. 49 es elocuente al establecer un acto concreto para determinar los casos que deberán enjuiciarse por el sistema de juicio por jurados y aquéllos que serán sometidos a debates dirigidos por jueces técnicos. Ese concreto acto es la fijación de fecha de debate (art. 371 del CPP) y constituye la actuación procesal específica establecida por el legislador local para determinar el juez natural de la causa. En otras palabras, es ese acto y no otro el que determina la competencia."

"De ese modo, no caben dudas de que, habiéndose fijado fecha para la celebración del debate oral y público en un determinado proceso –y en el presente caso lo fue el día 10 de marzo de 2014 (fs. 2911 y 2912)–, sólo será competente un tribunal técnico por ser éste el juez natural de la causa, conforme prevé la norma antes citada."

¿Cómo votaron los jueces?

La decisión fue adoptada por la Sala Segunda con el voto de la Dra. M. Teresa Day (voto principal) y adhesión del Dr. Julio R. Gómez; el Dr. Omar A. Palermo no suscribe por licencia. La solución del acuerdo (bloque dispositivo final) confirma el rechazo del recurso del Ministerio Público y la desestimación formal del de la querellante.