FISCAL C/ SOTO, ENRIQUE ANIBAL P/ ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION

¿Quién es el actor?

Defensa del imputado Enrique Aníbal Soto (recurrente en casación).

¿A quién se demanda?

Tribunal Penal Colegiado N° 1 (sentencia n° 1.520) / Ministerio Público Fiscal en la acusación.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la validez de la sentencia condenatoria (se alega vicios in procedendo e in iudicando, especialmente violación del derecho a elegir defensor y nulidades probatorias), solicitando nulidad y nuevo juicio o, subsidiariamente, absolución por duda.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte (Sala Segunda) hizo lugar al recurso de casación, anuló el debate, la sentencia n° 1.520 y sus fundamentos, y remitió las actuaciones al Tribunal Penal Colegiado N° 1 para la realización de un nuevo debate, disponiendo que la OGAP determine el juez interviniente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Analizadas las constancias incorporadas a la presente causa, considero que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto oportunamente por la defensa del acusado y, en consecuencia, anular el debate celebrado ante el Primer Tribunal Penal Colegiado, la sentencia y los fundamentos dictados con posterioridad. Paso a explicarlo.

En forma preliminar y no obstante los cuestionamientos casatorios de la defensa referidos a la valoración probatoria efectuada por el tribunal de la instancia anterior y a la subsunción jurídica del caso, corresponde exponer los motivos por los cuales considero que la actuación del tribunal de sentencia en el marco de las presentes actuaciones, no se adecua a las exigencias establecidas por la ley de procedimiento, como garantía de la defensa en juicio y del debido proceso legal. Ello en tanto, se trata de una falencia que ostenta la entidad suficiente como para vulnerar garantías constitucionales de carácter indisponible, lo que necesariamente conduce –en mi opinión– a la anulación del fallo –a tenor de lo normado por los arts. 198 ss y cc del CPP.–.

[...] La reseña del intercambio de argumentos deja al descubierto que, durante el debate, efectivamente se vulneró el ejercicio del derecho constitucional y convencional del acusado a la libre elección de la asistencia letrada, violentándose los más elementales principios que hacen al debido proceso legal. Pues, con su decisión, el juez interviniente impidió la designación del patrocinio letrado de su confianza, imponiéndole a Soto continuar siendo asistido por un defensor en contra de su manifiesta, inequívoca y expresa voluntad.

Conforme se observa, el acusado explicó en forma clara, inequívoca y reiterada, incluso con antelación al comienzo del debate, que no quería ser asistido por el Dr. Carreño. [...] En definitiva, oído el señor Procurador General, conforme doctrina de máximo intérprete constitucional ... entiendo que se verifican circunstancias que hacen a la acreditación de un supuesto de nulidad absoluta del debate realizado en tales condiciones, así como también, de la sentencia impugnada y de los fundamentos en los que ésta se asienta (art. 198 inc. 3 y art. 203 del CPP). Solución propuesta que, debo aclarar, no implica asumir posición alguna sobre la culpabilidad o no de la persona acusada."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. José V. Valerio votó por hacer lugar al recurso y anular; el Dr. Pedro J. Llorente adhirió. Se deja constancia de la no suscripción del Dr. Mario D. Adaro por licencia.