TURESSO SILVIA NANCY C/ DIRECCION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA

¿Quién es el actor?

Silvia Nancy Turesso.

¿A quién se demanda?

Dirección Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento y pago de diferencias salariales por el cargo de Jefa de Sección / Jefa de Archivo General (Clase 13, Régimen Salarial 15, código 10306) desde la designación del 01/05/2009 hasta que se comenzó a abonar el ítem función jerárquica (01/12/2012), con intereses desde la mora.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la acción procesal administrativa; se condenó a la demandada a dictar el acto administrativo que reconozca las diferencias y a liquidar y pagar el retroactivo por el período 01/05/2009 a 30/11/2012 con intereses legales desde la presentación del reclamo administrativo (19/08/2009) hasta el pago efectivo; costas a la demandada; regulación de honorarios diferida; remisión de actuaciones administrativas a origen; intervención de la A.T.M.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“El derecho a una retribución justa:

Como ya expresara en otra oportunidad, ‘[…] el derecho a una «retribución justa» tiene expreso reconocimiento y jerarquía constitucional. El art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que la «remuneración» debe proporcionar al trabajador «un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie». Por su parte la Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe que toda persona que trabaja tiene derecho, «sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual» (Art. 23, inc. 2), como así también «a una remuneración equitativa y satisfactoria» que le asegure a él y a su familia una existencia digna (inc. 3). De un modo similar lo dispone el art. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre’. Además, el plexo normativo descripto ‘[…] se completa con el art. 3 del Convenio de la O.I.T. n° 100 (1951) sobre igualdad de remuneración, el cual manda que las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan deben resultar de evaluaciones objetivas de los trabajos que han de efectuarse. De lo contrario tales diferencias pueden constituirse en discriminatorias y, por ende, contrarias al principio de igualdad. A tales efectos el art. 3 del Convenio de la O.I.T. n° 111 (1958) relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, establece que el término «discriminación» comprende no solamente a la «distinción, exclusión o preferencia» basada en “motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, sino también a «cualquier otra” “que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación» (inc. b)’ (conf. mi voto en disidencia en autos N° 105.785, “ZAFFARONI, OSCAR Y OTS. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA S/A.P.A.", sentencia del 21/11/2013).”

“5.- Los obstáculos presupuestarios alegados por la demandada no constituyen óbices para la solución propuesta. Así como, y tal como fuera expuesto in re ‘Muñoz, Alba’ (CUIJ n° 13-03799203-2), la obstaculización, negación y/o postergación de la Administración en la inclusión de reclamos de particulares –máxime, reconocidos– en ejercicios presupuestarios no resultan óbice para la justiciabilidad de derechos sociales, económicos y culturales, como los que en la especie pretende la actora.

Se ha señalado que ‘[...] el presupuesto debe ajustarse a la satisfacción prioritaria e incondicional de los derechos constitucionales, y no a la inversa’, pues en este último caso ‘[...] lo que –constitucionalmente– quedaría en problemas sería la validez misma del presupuesto’ (GARGARELLA, R., ‘Como no debería pensarse el derecho a la igualdad. Un análisis de las opiniones disidentes en el fallo Reyes Aguilera’, Jurisprudencia Argentina, IV (2007), pp. 733-734). … En virtud de lo expuesto, el argumento presupuestario de la demandada no puede serle opuesto a la accionante como limitación o retardo en la efectivización de los derechos que reclama en la presente, por lo que debe rechazarse.”

Adicionalmente el tribunal expone la solución concreta y la forma de cálculo e intereses:

“conforme a la clase salariales indicadas en el informe de fs. 897–, correspondientes en la Clase 13 Régimen Salarial 15 10306, por el período que va desde el 01/05/2009 hasta el 30/11/2012, con sus intereses legales correspondientes desde la fecha del reclamo administrativo – 19-08-2009- hasta el efectivo pago.

En cuanto a la tasa aplicable, corresponde que se utilice la tasa activa tal como ya se ha resuelto a partir del plenario ‘Aguirre’, hasta el 29 de octubre de 2017. Desde dicha fecha hasta el 1 de enero de 2018, corresponde aplicar la tasa para la línea de préstamos personales del Banco de la Nación Argentina, denominados ‘Libre Destino’ a 36 meses (Plenario ‘Citibank’). Y finalmente, desde el 02/01/2018 las pautas indicadas por la Ley 9041, esto es una tasa de interés equivalente a la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (U.V.A.) que publica el B.C.R.A. (art. 1).”

¿Cómo votaron los jueces?

Voto del Dr. Omar A. Palermo con adhesión de los Dres. Mario D. Adaro y José V. Valerio (decisión por unanimidad).