FISCAL C/ LOBOS GRAS LUIS, SGRO CLAUDIA, FERNANDEZ MARIA P/ DEFRAUDACION EN PERJUCIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RECURSO EXT. DE CASACION

¿Quién es el actor?

Fiscalía y querellante particular (F. Y QUERELLANTE PARTICULAR).

¿A quién se demanda?

Luis Alberto Lobos Gras; Claudia Verónica Sgró (también intervenida María Elena Fernández como coimputada en la causa de origen).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la sentencia que condenó por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública (modalidad administración infiel, art. 174 inc. 5 en función con el art. 173 inc. 7 del CP), cuestionando valoración de la prueba y la individualización de la pena.

¿Qué se resolvió?

Rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa, con lo que permanece incólume la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Penal Colegiado N°2 de la Primera Circunscripción (condena a Lobos a 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua; a Sgró a 3 años y 4 meses e inhabilitación especial perpetua). Se impusieron las costas a la vencida y se difirió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripciones textuales (párrafos más relevantes del voto mayoritario):

"El sentenciante tuvo por acreditado que los hechos ocurrieron tal como se sostuvo en la hipótesis acusatoria. Así, consideró probado que «[p]ara fecha incierta, pero durante el año 2011, María Elena Fernández junto a su hija Claudia Sgró, incorporaron a Laura Fara, con desconocimiento de ella, como empleada de la Municipalidad de Guaymallén y la primera de las sindicadas cobró personalmente el sueldo de Fara desde el mes de agosto de 2011 hasta el mes de noviembre de 2015. Para ello, María Elena Fernández a través de Claudia Sgró, aprovechando el vínculo que tenía con Luis Lobos, quien era Presidente del Consejo Deliberante de Guaymallén (y desde diciembre de 2013, Intendente), le ofrecieron a Laura Fara, en ese momento empleada doméstica de Fernández, una “ayuda económica” del municipio, indicándole que debía concurrir a firmar unos papeles para su otorgamiento. En agosto de 2011, y en virtud de que Fernández no era empleada ni funcionaria del Municipio, Luis Lobos gestionó que Fara concurriera al cuarto piso de la Municipalidad y ante funcionarios públicos no identificados suscribiera un libro y un bono de sueldo, luego le indicaron ir al Banco Nación sucursal Guaymallén a cobrar por ventanilla $ 2.719,50 acreditados en la cuenta N° 6290781964 del Banco Nación sucursal Villa Nueva y realizar el trámite para una tarjeta de débito. Posteriormente, María Elena Fernández le ordenó que se quedara con pesos quinientos ($500) y le entregara la diferencia de lo que había recibido y la tarjeta de débito. Desde ese momento, todos los meses Fernández realizaba distintas extracciones de dinero en cajeros automáticos de la provincia del total del sueldo y le entregaba en su domicilio a Fara un determinado monto mínimo en concepto de “ayuda económica”, convenida, ocultándole que en realidad era formalmente empleada de la Municipalidad de Guaymallén»."

"De tal manera, se advierte que la sentencia se sustenta en elementos de juicio suficientes y válidos, explicando el tribunal de la instancia anterior el mérito que ha dado a las testimoniales de Laura Fara, Pablo Muller, Claudia Videla, Pablo Raddi, Juan Domingo Brovarone y Alejandro Moreno; y la concordancia de éstas con otros elementos probatorios legalmente incorporados, como por ejemplo los mencionados decretos y resoluciones y el informe de auditoría sobre los legajos del personal del municipio. De esa tarea valorativa y del razonamiento desarrollado por el tribunal no surge –como ya se dijo– ningún vicio decisivo que invalide la motivación en la que se funda la sentencia atacada."

"En síntesis, entiendo la motivación de la sentencia del tribunal de la instancia previa, en lo referido a la determinación de la pena impuesta a los acusados, es suficiente a los fines del mantenimiento del dictum como acto jurisdiccional válido, al no verificarse los vicios que refiere la defensa."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. José V. Valerio votó en los términos reproducidos; los Dres. Omar A. Palermo y Mario D. Adaro adhirieron al voto que antecede (acuerdo unánime).