FERNANDEZ MATIAS LEONARDO EN J° 257521 / 54658 FERNANDEZ MATIAS LEONARDO C/ RAMO ANDREA DEL VALLE - SOSA SERGIO OMAR - PECE RINA GABRIELA - RAMOS SARA LILIANA - RAMO PEDRO IGNACIO - RAMO IGNACIO ARIEL Y FINOCCHIANA BENJAMIN LEONARDO P/ DAÑOS DERIVADO
El locador reclamó daños y perjuicios por faltante de mercadería y lucro cesante derivados de un contrato de locación de fondo de comercio. La Suprema Corte de Mendoza rechazó el recurso extraordinario y confirmó la sentencia de la Cámara que desestimó el reclamo por prevalecer el dictamen pericial contable que declaró imposible determinar faltantes.
¿Quién es el actor?
Fernández Matías Leonardo (locador), por intermedio de apoderado.
¿A quién se demanda?
Ramo Andrea del Valle (locataria) y garantes: Sosa Sergio Omar; Pece Rina Gabriela; Ramos Sara Liliana; Ramo Pedro Ignacio; Ramo Ignacio Ariel; Finocchiara Benjamín Leonardo.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios derivados de la locación de un fondo de comercio por presunto faltante de mercadería (daño emergente) y privación parcial de uso/lucro cesante; se peticionaba $739.444 y/o lo que resulte de prueba; en primera instancia se obtuvo condena por $300.000 (100.000 daño emergente + 200.000 lucro cesante).
¿Qué se resolvió?
La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario y confirmó la sentencia de la Segunda Cámara Civil que admitió el recurso de apelación de los demandados, concluyendo que no está probado el incumplimiento parcial de la obligación de restitución y que corresponde dar preeminencia al dictamen pericial contable que declaró imposible determinar faltantes; se impusieron costas al recurrente y se regularon honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de párrafos relevantes del fallo (lenguaje original):
"Como es sabido, la doctrina de la arbitrariedad, receptada desde antiguo por este Cuerpo, respeta ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que, por la misma razón, es decir, por la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente, a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario. En principio reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; de modo que si la sentencia es suficientemente fundada, cualquiera sea su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad."
"Bajo estos parámetros la sentencia de alzada funda su decisión en una prueba contundente, como es la pericial contable que determina a fs. 182 vta. 'se puede incurrir en errores al momento de la comparación o de la determinación de faltantes de cada uno de esos productos, ya que los inventarios se encuentran carentes de formalidades mínimas, que permitan la correcta detección y comparación de cuantías (ejemplo: inclusión de varias marcas en un mismo ítem, falta de especificación de códigos, cantidades de cada producto, tachaduras, rayones, sobre escrituras, etc.)'. Continúa y a fs. 183 determina 'resulta imposible determinar el valor en conjunto de los faltantes de mercaderías de los productos detallados en el punto 1'. Al contestar las observaciones formuladas el perito a fs. 212/214 ratifica que 'las deficiencias del inventario hacen imposible, en primera medida determinar cuáles son los faltantes y/o diferencias de mercaderías, no se puede especular con similitudes entre bienes y/o mercancías si no se tienen las correctas características y detalles. Sería establecer precios y valores sin base cierta'."
"Los indicios y presunciones que tiene en cuenta el sentenciante de primera instancia para concluir en el resarcimiento del incumplimiento alegado no resultan ciertos, precisos y concordantes a fin de lograr la entidad necesaria para ser valorados y desplazar a la prueba pericial contable."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Pedro Jorge Llorente votó por el rechazo del recurso por las razones expuestas; el Dr. Julio Ramón Gómez adhirió. La Dra. María Teresa Day no suscribió por hallarse en licencia. El dispositivo final confirma la resolución de la Segunda Cámara y dispone costas y regulación de honorarios.
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