F. C/ A., J. E. P/AMENAZAS Y LESIONES LEVES DOLOSAS CALIFICADAS Y EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GENERO S/ CASACION

¿Quién es el actor?

La defensa del acusado J. E. A. (recurrente en casación).

¿A quién se demanda?

Auto n.º 5.073 dictado por el Juzgado Penal Colegiado N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial (resolución recurrida); litis principal contra la prosecución de la acción penal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que se declare la extinción de la acción penal por prescripción y/o por violación de la garantía del plazo razonable; nulidad del auto que rechazó esa excepción.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación y se confirmó el Auto n.º 5.073 que rechazó la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y por transcurso del plazo razonable. Se tuvo presente la reserva federal y se remitieron los autos al juez de origen para que prosiga la causa.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, la entrada en vigencia de la ley 8.829, introdujo modificaciones a la regulación del proceso correccional. Así, actualmente, el art. 417 quater del CPP establece que el titular del Ministerio Público Fiscal 'requerirá audiencia al Juez Correccional para sostener oralmente la acusación fiscal'. Ahora, '[…] no obstante la variación entre “requerir” al Juez Correccional decreto de citación a juicio [tal como estaba regulado en el art. 383 de la ley 1.908] y “requerir” al mismo magistrado audiencia de acusación, no se advierte en la reforma legislativa ninguna modificación que haya alterado la finalidad del acto ni sus efectos y tampoco los recaudos formales para su procedencia. Tal es así, que en el requerimiento de decreto de citación y en la solicitud de audiencia de acusación deben observarse idénticos requisitos, esto es, la individualización del o los imputados, la enunciación de los hechos y su calificación legal, siempre que se haya concluido la información sumaria y existieren «elementos de convicción suficientes para sostener como probables la participación punible del imputado en el hecho intimado' (art. 417 quater) […].' De tal manera, '[…] no se advierte ninguna diferencia entre ambos actos a los fines de la interrupción del curso de la prescripción, en los términos del art. 67, sexto párrafo, inc. c) del CP […].'"

"Por diversas razones, que ya he vertido en votos anteriores, adelanto que no corresponde hacer lugar al recurso de casación articulado por la defensa del acusado y que debe confirmarse el auto por el que se rechaza la extinción de la acción penal por prescripción y por violación a la garantía de plazo razonable dictado por el Juzgado Penal Colegiado N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial."

"En efecto, en diversos fallos he sostenido que la afectación de la garantía del plazo razonable sólo podría habilitar una solicitud de consideración de pena –conmutación– al Poder Ejecutivo (art. 128, inc. 5 de la Constitución de la provincia de Mendoza) por parte del juez o del interesado, pero no soluciones diversas como la insubsistencia o la prescripción de la acción."

¿Cómo votaron los jueces?

Sentencia unánime en el acuerdo (votos de los Dres. José V. Valerio —preopinante—, Mario D. Adaro y Julio R. Gómez). El bloque dispositivo final confirma la mayoría.