F Y Q. P. C/GIL SALVATIERRA, MANUEL P/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA P/ RECURSO EXT.DE CASACION
La defensa particular de Manuel Gil Salvatierra impugnó la sentencia condenatoria por administración fraudulenta por vicios en la acusación. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar a la casación, anuló la sentencia n.º 3203 por falta de precisión en la acusación y ordenó volver a sortear tribunal para la realización de un nuevo juicio.
¿Quién es el actor?
La defensa particular de Manuel Gil Salvatierra (recurso de casación interpuesto por la defensa).
¿A quién se demanda?
Sentencia nº 3203 dictada por el Tribunal Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción Judicial (condenatoria).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de la sentencia condenatoria por administración fraudulenta (art. 173, inc. 7 CP) por vicios sustanciales en la acusación (falta de claridad, precisión y circunstanciación; omisión del pedido de pena fundado; carencia de relación con la prueba y con la estructura típica).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de casación, se anuló la sentencia n.º 3203 y sus fundamentos, se remitieron actuaciones al tribunal de origen para que la OGAP sortee el tribunal que deba intervenir en un nuevo juicio; costas por su orden y regulación de honorarios diferida.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La particularidad del caso sometido a decisión radica en que, ante la ausencia de acusación fiscal, la sentencia se basó en la acción instada por la parte querellante, la cual es criticada en esta instancia por no cumplir con los requisitos establecidos por el art. 358 CPP bajo pena de nulidad.
De la compulsa de las actuaciones, así como del atento análisis de las audiencias de juicio –en particular, la audiencia de alegatos– surge que la parte querellante no ha cumplido con ninguna de las exigencias de explicitación que hacen al correcto diseño de la acusación en el marco de un sistema adversarial.
En la apertura de los alegatos, ya es posible advertir un agudo desconcierto en el acusador privado ... El alegato del querellante particular dista de contener un hecho narrado de manera clara, precisa o circunstanciada. ... La imprecisa formulación de la acusación omite casi por completo, no solo el hacer referencia a la prueba de cargo que sustenta su toma de postura sobre la existencia del hecho y sus extremos, sino, a su vez, la relación de estos hechos con el derecho."
Citas textuales relevantes:
"la acusación articulada por la parte querellante particular reúne los requisitos legales para ser considerada como válida" (texto del dictamen del Procurador General, citado en el voto).
Referencia jurisprudencial: "a partir del fallo «Santillán» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 321:2021) los tribunales tienen habilitada la jurisdicción para condenar cuando ha existido acusación por parte del querellante particular y aun cuando no acuse el Ministerio Público Fiscal." (mencionado y analizado en el voto).
Sobre la estructura del tipo penal: "El delito de administración desleal es un delito contra el patrimonio. La conducta del administrador consiste en quebrantar la confianza depositada en él por la víctima, esto es, el titular del patrimonio administrado."
¿Cómo votaron los jueces?
Dr. Julio R. Gómez (voto preopinante y mayoritario): concluye por la nulidad de la sentencia por los defectos en la acusación y propone anular la sentencia y remitir las actuaciones para nuevo juicio; impone costas por su orden.
Dr. Mario D. Adaro: adhiere a hacer lugar a la casación y revocar la sentencia; discrepa parcialmente en las reflexiones sobre la autonomía del querellante pero coincide en el resultado.
Dr. Dalmiro F. Garay Cuelli: adhieren al voto que anula la sentencia.
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