FC/ MONTUELLE GONZALEZ, OZAN ESCOBAR, ESCUDERO EMANUEL EDUARDO Y OTS P/ ROBO AGRAVADO P/ RECURSO EXT.DE CASACION
La defensa apeló en casación contra la confirmación de la prisión preventiva y el rechazo de su cumplimiento en modalidad domiciliaria. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el recurso, entendiendo que la Cámara y el juez de grado valoraron adecuadamente el mérito probatorio y el peligro procesal y de fuga, y confirmó la decisión impugnada.
¿Quién es el actor?
Defensa de Gonzalo Martín Montuelle González (recurrente en casación).
¿A quién se demanda?
Tribunal Penal Colegiado Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial y, por extensión, la resolución del Juzgado Penal Colegiado que dispuso la prisión preventiva.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso de casación contra la resolución del 23/08/2024 que rechazó el recurso de apelación y confirmó la prisión preventiva en establecimiento penitenciario (rechazando la morigeración a domicilio).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de casación; se impusieron las costas a la vencida y se diferió la regulación de honorarios; se tuvo presente la reserva de caso federal y se remitió al tribunal de origen.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de párrafos relevantes (textos literales del fallo):
"En primer lugar, la defensa cuestiona que el tribunal tomara en consideración en su análisis expedientes penales en los que no se solicitó la prisión preventiva o, si fue solicitada, no fue concedida, puesto que el requerimiento fiscal de prisión preventiva fue planteado únicamente en relación con los autos n° P-37.856/24, P-16.030/24 y P-5.205/24. Con cita de un extracto de la resolución, que transcribe, la defensa aclara que las causas que habrían sido indebidamente meritadas por el tribunal serían las n° P-510.046/22, P-71.663/23, P-71.732/23, P-132.221/23 y P-1.933/20, que el tribunal examinó al analizar el riesgo procesal. Sobre esta base argumenta que el tribunal se extralimitó en sus funciones de apelación.
El agravio no puede ser atendido en esta instancia.
Por un lado, debe tenerse en cuenta que el tribunal de apelación se limitó en su resolución a confirmar la prisión preventiva que fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado en relación con las causas por las cuales el Ministerio Público Fiscal solicitó la medida, esto es, los expedientes n° P-37.856/24, P-16.030/24 y P-5.205/24. Es decir, se comprueba en esta instancia que el tribunal de apelación no dictó una prisión preventiva más extensa que la dispuesta por el juez de garantías, sino que únicamente la confirmó."
y
"En otras palabras, el tribunal de apelación resolvió a partir de su propia valoración de los extremos del caso y no únicamente desde el control de la decisión de primera instancia. Esta metodología, que la defensa cuestiona, no se encuentra vedada al tribunal en función de apelaciones, que no sólo debe controlar la motivación de la decisión que revisa, sino también el sentido de la resolución dentro del proceso en cuestión. Ese análisis permitió al tribunal, por una parte, constatar la existencia de elementos de convicción suficientes que justificaban la existencia de los hechos y permitían sostener la intervención punible del acusado en ellos y, por otra parte, la existencia de peligro procesal. Ese peligro procesal se fundó en la existencia de peligro de entorpecimiento probatorio, peligro de fuga y en la imposibilidad, en la instancia procesal transitada por la causa, de una eventual concesión de la modalidad condicional de la ejecución de la pena a imponerse."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto mayoritario (Dr. Dalmiro Garay Cueli) fue acompañado por los Dres. Julio R. Gómez y Mario D. Adaro; no hubo disidencias relevantes registradas.
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