F. C/ABDÓN HÉCTOR NAHUEL P/ DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD EN CONCURSO REAL CON ENCUBRIMIENTO SIMPLE S/ CASACIÓN

¿Quién es el actor?

La defensa del imputado solicita la suspensión del juicio a prueba.

¿A quién se demanda?

Interviene el Ministerio Público Fiscal (como titular de la acción penal) y el tribunal que debe resolver la procedencia de la suspensión.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Concesión de la suspensión del juicio a prueba y valoración del consentimiento y del dictamen fiscal.

¿Qué se resolvió?

El tribunal afirmó la obligatoriedad de que los requerimientos y dictámenes del Ministerio Público Fiscal estén motivados (art. 167 del CPP) y consideró que la opinión favorable del fiscal constituye un requisito ineludible para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba; además precisó límites sobre la vinculancia del dictamen fiscal según su contenido (juicio de oportunidad político-criminal vs. juicio sobre requisitos legales).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por mandato legal los requerimientos y dictámenes formulados por los representantes del Ministerio Público Fiscal deben ser, siempre y en todo caso, motivados (art. 167 del CPP). Así las cosas, la opinión favorable y fundada del representante del Ministerio Público Fiscal debe considerarse un requisito ineludible para la procedencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba" Por su voto: Day

"En relación a la solicitud de la suspensión del juicio a prueba, el consentimiento del fiscal requerido por la norma, para no inmiscuirse en la función de control de legalidad, ya que es atribución propia de la función jurisdiccional, debe tener por objeto, necesariamente, algo distinto a las exigencias legales, reservadas al control judicial. Lo dicho no significa que el fiscal se encuentre impedido de pronunciarse sobre los presupuestos legales, sino que el pronunciamiento que emita en ese sentido no obliga al tribunal ni integra el consentimiento requerido legalmente; es decir, no es considerado vinculante. Lo que sí constituye la función propia del acusador público y que sí vincula al tribunal, es el análisis sobre la conveniencia de la suspensión." Idem LS 518-246 Voto: Palermo

"Las razones del fiscal al oponerse o no a prestar su consentimiento para la concesión de la suspensión de juicio a prueba, sólo obligan al tribunal en la medida en que constituyan un concreto juicio de oportunidad político-criminal, pero no resultarán vinculantes si se refieren al cumplimiento de los recaudos legales para la procedencia del instituto, pues este control resulta ser facultad exclusiva de la función jurisdiccional. En cambio, siempre resultará vinculante para el tribunal la opinión favorable del fiscal en aquellos casos en que el titular de la acción pública consiente la aplicación del instituto y considere cumplidos los presupuestos de legalidad, conclusión que se deriva de la aceptación de un modelo de enjuiciamiento acusatorio y de la inviolabilidad de la defensa en juicio." Voto: Palermo

"El dictamen que emite el fiscal durante la audiencia no satisface la exigencia de motivación específica prevista en el art. 155 del CPP., cuando no realiza un análisis sobre la inconveniencia político criminal de la concesión de la suspensión del juicio a prueba en este caso. En efecto, parte esencial de aquel análisis es la posibilidad de que la realización del debate y la probable imposición de pena posterior sean sustituidas por un medio menos lesivo. Como parte fundamental de su dictamen, el representante fiscal debe evaluar, fundadamente, si un remedio menos lesivo que la pena (como lo es la suspensión del juicio a prueba) solucionaría o no el conflicto o su utilidad a los fines de refutar el hecho que se le atribuye al imputado" Voto: Palermo

"El dictamen fiscal debe emitirse de manera fundada para operar como límite a la facultad jurisdiccional de conceder o no la suspensión del juicio a prueba, cuando, en primer lugar, existe un deber procesal contenido en la ley según el cual el fiscal debe motivar sus decisiones, cuyo fundamento radica en la necesidad de garantizar el control de razonabilidad de los actos del Ministerio Público Fiscal. Esto implica que el funcionario debe dar a conocer las razones en virtud de las cuales toma la decisión de prestar o no su consentimiento para la suspensión del juicio. En segundo orden, la garantía del derecho de defensa exige que tanto el acusado como su defensor se encuentren en posición de evaluar las razones del dictamen, pues el consentimiento constituye un requisito indispensable para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba." Idem F...., 01/08/2023 Disidencia: Adaro, adhiere: Day

"En virtud del interés público afectado por el delito, el ordenamiento procesal designa al Ministerio Público Fiscal como titular de la acción penal y, asimismo, le impone el deber de ejercerla y de promover la investigación oficiosa de todos los hechos presuntamente delictivos. Por lo que, debe afirmarse que resulta necesario la concurrencia del consentimiento fiscal para la aplicación de la suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa o el imputado. En efecto, si el Ministerio Público Fiscal no sólo es el titular de la acción penal, sino también el encargado de diseñar y poner en práctica la política de persecución penal, debe ser el fiscal quien solicite su aplicación o, al menos, la consienta." Por su voto: Day

(Votos: se consignan coincidencias y una disidencia de Adaro conforme al texto)