HEREDIA, RAMIRO GONZALO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA (ART. 2 INC. 4 LEY 9.423; ART. 1° CPA; ART. 187 LEY 9003)

¿Quién es el actor?

Sr. Ramiro Gonzalo Heredia.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Mendoza.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago de haberes no percibidos (devolución de salarios/daño material y/o lucro cesante) por la cesantía revocada y la suma de $500.000 por daño moral, más intereses.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente a la acción procesal administrativa: se condenó a la demandada a pagar los haberes dejados de percibir correspondientes al período septiembre de 2020 a enero de 2022, con intereses según pautas del fallo; se rechazó la pretensión de daño moral; se impusieron costas por el orden causado y se diferirá la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por todo lo expuesto, corresponde, por un lado, hacer lugar parcialmente a la pretensión de cobro de los haberes dejados de percibir desde septiembre del 2020 a enero de 2022 en razón de la prescripción operada respecto de los haberes no percibidos con anterioridad, dada la fecha de su reclamo formal. Asimismo, corresponde desestimar la pretensión de pago de daño moral por las argumentaciones antes expuestas."

"En tal contexto, y en consideración a que dicho aspecto ya fuera analizado en sede administrativa y propuesto por las partes en estos autos, dado el principio de congruencia y el de impartialidad que rige la función jurisdiccional me encuentro obligado a expedirme dentro de la controversia y de los límites de las argumentaciones y defensas que las partes eligieron voluntariamente exponer."

"No puede soslayarse un dato procesal de cardinal importancia: ni la demandada directa ni la Fiscalía de Estado han resistido sustancialmente la pretensión del actor al cobro de la indeminización. Es decir que no existe controversia alguna respecto de su derecho salvo en la extensión del mismo."

"En tal contexto ... entiendo que le asiste razón tanto a la demandada como a Fiscalía de Estado pues, en consideración a las disposiciones del artículo 38 bis del Decreto Ley 560/73, y dado que el actor realizó el reclamo formal en septiembre de 2022, el peticionante solo tiene derecho a cobrar los haberes dejados de percibir desde septiembre de 2020 hasta su efectiva reincorporación a sus labores."

"El actor requiere, al interponer la demanda, se le abone la suma de Pesos quinientos mil ($ 500.000.-) en concepto de Daño Moral... En efecto y sobre el punto, el interesado se limita a efectuar una serie de afirmaciones vacías de contenido, sin desarrollar ni acreditar los daños que le habría ocasionado la decisión atacada... Por ello, debe rechazarse el pedimento del pago de los daños invocados."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia es unánime en la solución (DR. JOSÉ V. VALERIO, DR. DALMIRO F. GARAY CUELI y DR. JULIO RAMON GÓMEZ adhieren al instrumento y al dispositivo final). No hay disidencias relevantes registradas.