Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-157.914/2020 (Cámara en lo Civil y Comercial - Sala III - Vocalía 7) Daños y Perjuicios: Tejerina, Juana Alejandrina c/ Alfaro, Franco Manuel y Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A

¿Quién es el actor?

Juana Alejandrina Tejerina (representada por Dr. Víctor Gustavo Garay).

¿A quién se demanda?

Franco Manuel Alfaro y Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. (representada por Dr. Alfonso Andrés Zamar).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios derivados de un choque (daño material, pérdida de valor venal y otros rubros).

¿Qué se resolvió?

Sala I de la Suprema Corte hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora en cuanto a la cuantificación del daño, dejó sin efecto la cuantificación realizada por la Cámara y devolvió los autos al tribunal anterior en grado para que calcule el daño conforme a la tasación más próxima al tiempo en que lo realice, adicionando intereses de uso judicial desde la fecha del siniestro; rechazó el recurso interpuesto por la aseguradora. Se impusieron costas y se difirió la regulación de honorarios profesionales. Votos: decisión por mayoría (Doctores Lamas González y Jenefes) y voto divergente (Dr. Miranda).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Fragmentos relevantes transcritos textualmente del fallo (lenguaje original del tribunal):

"1º) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Víctor Gustavo Garay. En consecuencia, dejar sin efecto la cuantificación del daño y devolver los autos al tribunal anterior en grado para que lo calcule conforme a la tasación más próxima al tiempo en que lo realice; importe al que deberá añadirse los intereses de uso judicial desde la fecha del siniestro vial."

"2º) Imponer las costas a los recurridos vencidos."

"4º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Alfonso Andrés Zamar, en nombre y representación de Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A."

Del voto concurrente (Dra. Lamas González), punto central sobre la fundamentación de la modificación:

"2.3.- También se impone tener presente que lo reclamado es una deuda de valor y no una obligación de dar una suma de dinero... desde esa perspectiva... debe atenderse 'al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda' (Art. 772 del C.C.yC. de la Nación). Admitir un temperamento contrario importaría consagrar un enriquecimiento incausado a favor del deudor o de su aseguradora en perjuicio del derecho de propiedad de la actora."

Sobre la insuficiencia de la cuantificación de la Cámara:

"2.4.- Conforme a esos parámetros y analizadas las actuaciones, advierto que la cuantía fijada en $1.150.585 comprensiva del daño reclamado e intereses calculados al 16 de mayo de 2024 -establecida sobre el importe 'dinerario' determinado en la medida cautelar realizada en el año 2019, no sobre el porcentaje ya aludido- no concreta en la práctica los parámetros antes indicados y desvirtúa el principio de reparación integral."

¿Cómo votaron los jueces?

proponía rechazar el recurso de la actora y mantiene que la Cámara justificó la cuantificación fundada en la pericia de 2019 y la petición concreta de la actora; entendía que no existía arbitrariedad en la valoración probatoria ni en la metodología aplicada.