Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Sajama Roso - Guanactolay Marcos Filemón - Virreyra María Mercedes - Castaño María Alejandra - Maizares Oscar Mauricio c/ Estado Provincial - Ministerio de Educación
Los actores impugnaron el Decreto N° 692‑E‑2024 que dispuso la sanción expulsiva de cesantía y reclaman la nulidad del acto y el pago de haberes no percibidos. La Sala I del Tribunal en lo Contencioso Administrativo rechazó el recurso por considerar que los agravios son repetitivos de un trámite anterior, que la administración actuó en cumplimiento de una orden judicial y que no se verificó vulneración del debido proceso.
¿Quién es el actor?
Roso Sajama; Marcos Filemón Guanactolay; María Mercedes Virreyra; María Alejandra Castaño; Oscar Mauricio Maizares, patrocinados por el Dr. Omar Alfonso Cabrera.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial — Ministerio de Educación.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna el Decreto N° 692‑E‑2024 que aplica la sanción expulsiva de cesantía conforme art. 67 inc. f) del Estatuto del Docente (Ley N° 2531/60), y se pide el pago de haberes dejados de percibir; además se alegan prescripción de la potestad sancionatoria, caducidad del sumario y nulidad por falta de motivación y vulneración de garantías.
¿Qué se resolvió?
Rechazó el recurso contencioso administrativo y condenó en costas a los actores; reguló honorarios para Fiscalía de Estado y para el Dr. Cabrera en $1.072.400 para cada uno.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En este sentido, esta Sala tuvo oportunidad de expedirse respecto de la prescripción de la potestad sancionatoria del Estado, para establecer que la pretensión de aplicar el precepto (artículo 1° de la Ley 5996), o su principio, a la cuestión de autos, no resulta viable si nos atenemos al tiempo transcurrido entre la fecha de vigencia de la ley y la de emisión del decreto (16/02/18), que no alcanza a exceder dicho término.
En relación a la caducidad del sumario, se dijo que tal agravio no encuentra recepción legal ni jurisprudencial. El primero porque el plazo de quince días mencionado carece de previsión normativa y contradice al plazo de dos años que inmediatamente invoca del artículo 1° de la Ley N° 5996. El segundo, porque los antecedentes jurisprudenciales invocados no guardan relación alguna con esta causa.
Por lo demás, los accionantes replican el planteo de nulidad de las actuaciones por violación a garantías constitucionales, porque afirma no se han producido nuevas pruebas. Sin embargo, los accionantes no mencionan cuáles son los elementos probatorios de los que se vieron privados de producir, y menos aún especifican o precisan las normas violentadas y de qué manera los derechos y garantías de los agentes han sido transgredidas."
Y del dispositivo final:
"1.- Rechazar el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción articulado por los Sres. Roso Sajama; Marcos Filemón Guanactolay; María Mercedes Virreyra; María Alejandra Castaño y Oscar Mauricio Maizares, con el patrocinio letrado del Dr. Omar Alfonso Cabrera en contra del Estado Provincial, conforme los considerandos.
2.- Imponer las costas a los actores vencidos.
3.- Regular los honorarios profesionales de Fiscalía de Estado y del Dr. Omar Alfonso Cabrera -por la totalidad de la labor desarrollada en autos- en la suma de Pesos un millón setenta y dos mil cuatrocientos ($ 1.072.400,00), para cada uno, ..."
¿Cómo votaron los jueces?
Voto de la Dra. Ruth Alicia Fernández que expone en detalle los antecedentes, considera los agravios como reiterativos, avala la actuación administrativa en cumplimiento de orden judicial y no advierte vulneración del debido proceso; el Dr. David Jorge Casas adhiere íntegramente. No hubo disidencia.
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