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Cámara de Apelaciones

PONDAL SIXTO EDUARDO c/ LEON ALPEROVICH DE TUCUMAN S.A. s/ MEDIACION

El actor promovió demanda por cumplimiento de contrato y daños y perjuicios en el marco de una acción de consumo. La Cámara confirmó el proveído que intimó al letrado a reponer aportes de la Ley 6059 por $8.834, sosteniendo que el beneficio de justicia gratuita no alcanza a las obligaciones personales de los profesionales matriculados.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 2 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 2
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
581/18-I1
Accion de consumo Danos y perjuicios Justicia gratuita Ley 24.240 Ley 6059 Aportes profesionales Apersonamiento Recurso de apelacion Prueba de mediacion $8.834

¿Quién es el actor?

Pondal Sixto Eduardo (actor).

¿A quién se demanda?

León Alperovich de Tucumán S.A. y Volkswagen Argentina (demandados).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios derivados de relación de consumo; actuaciones en el marco de mediación prejudicial y posterior elevación a juicio.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación subsidiario deducido por la parte actora contra el proveído del 19/05/2021 que intimó al letrado Marcelo Daniel Yanotti a reponer aportes de la Ley 6059 por $8.834; dicho proveído fue confirmado. Se reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El beneficio de justicia gratuita previsto en el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor de la Ley 24.240, ha sido instituido y se encuentra dirigido a garantizar el real acceso al servicio de justicia por parte de quienes carecen de medios económicos suficientes para afrontar los gastos de una actuación judicial. Procura asegurar que el acceso a la justicia de las partes litigantes no se vea conculcado u obstaculizado por imposiciones económicas y fiscales, eximiéndolos así del pago de tasas, sellados y otros cargos.

No debe confundirse ello con las obligaciones puestas en cabeza de los letrados intervinientes, pues no resulta posible extender los efectos de dicha normativa a los abogados o procuradores que asisten a aquellas partes en cuyo beneficio se ha establecido.

Los aportes previstos por el Art. 26 inc. a) de la Ley 6059, que se deben abonar al promover un juicio y cuyo íntegro pago exige el proveído impugnado, son contribuciones que los abogados y procuradores están obligados a realizar de manera personal a la Caja de Jubilaciones y Pensiones para Abogados y Procuradores por su condición de profesionales inscriptos en la matrícula que lleva el colegio de Abogados y Procuradores de esta Provincia y aportantes al sistema de jubilaciones de estas profesiones (conf. Art. 3 ley cit.).

Estas contribuciones particulares de los profesionales afiliados componen los recursos de la institución previsional aludida, y por lo tanto dichas cargas no pueden transferirse a la parte a quien representan. Por ello el efecto del beneficio de justicia gratuita previsto por el art. 53 de la LDC que exime a la parte actora de pagar la tasa de justicia -con el fin de evitar que las cargas fiscales obstaculicen el acceso a la defensa de sus derechos-, no puede predicarse respecto a los aportes específicamente establecidos en la Ley 6059 que no tienen carácter fiscal y se encuentran a cargo del profesional letrado."

Además se consignó la doctrina del tribunal local: "el beneficio de justicia gratuita establecido en el art. 53 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor no se hace extensivo al deber del abogado que la representa, quien debe dar cumplimiento con el pago correspondiente." (cita de Sent. Nº 493 del 03/05/2016 de la CSJT mencionada en el fallo).

(Monto/intimación relevante): Intimación a reponer aportes Ley 6059 proporcional faltante equivalente a $8.834 (proveído fs. 32).

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