SARMIENTO DE PEREYRA NORMA BEATRIZ c/ SERVICIOS PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (SE.P.A.P. Y S.) s/ COBRO

¿Quién es el actor?

Norma Beatriz Sarmiento de Pereyra (actora).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (parte demandada; asimismo se menciona ente autárquico SePAPyS en la litis original).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios material y moral sufridos entre el 18/8/1991 y el 15/4/1993 por la cesantía administrativa de la actora y la ruptura ilegítima del vínculo de empleo público.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Provincia; confirmar la sentencia de la Cámara que hizo lugar a la demanda y condenó a la Provincia al pago de $22.182,71 por daño material y $20.000 por daño moral; costas a cargo de la recurrente; regulación de honorarios reservada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Partiendo de la premisa de que sería inverosímil suponer que la demandante haya cobrado sus salarios normalmente durante el plazo en que estuvo desvinculada de la Administración en virtud de una resolución que fuera luego revocada, y que es dable presumir iuris tantum que el cese ilegítimo de aquél vínculo laboral le provoca un detrimento patrimonial susceptible de resarcimiento, sostiene que basta con que la actora demuestre la relación de empleo que mantenía, su exclusión del cargo estable de que gozaba por un acto viciado, y la remuneración que percibía en razón de su categoría y función, entre otros elementos, para aplicar aquella presunción.

Aclara que la actora no pretende en el sub lite el pago de salarios caídos, sino la reparación del perjuicio cierto, concreto y actual que le ocasionó la ruptura del vínculo de empleo público; por lo que el monto indemnizatorio reclamado en concepto de daño material se encontraría determinado por los valores que, a modo de mero parámetro cuantitativo -mas no a título remuneratorio-, corresponden a los salarios no percibidos por la señora Sarmiento mientras estuvo vigente la cesantía y hasta tanto se dispuso su reincorporación, para cuyo cálculo fue ofrecida y producida la pertinente pericia contable.

En ese sentido, tras referirse a la pruebas pericial contable y testimoniales producidas en autos, y al criterio sentado por esta Corte en sentencia Nº 26 de fecha 22 de febrero de 2011, concluye que no cabe más que considerar suficientemente acreditado el daño material cuyo resarcimiento se reclama en la demanda, consistente en la falta de percepción de la actora de sus haberes mientras se encontraba “cesante”, el cual asciende a un total de $ 22.182,71.

Del mismo modo, basándose en el informe del Gabinete Psicosocial del Poder Judicial, en la prueba pericial psicológica ofrecida por la actora y en los testimonios de vecinos de esta última, considera suficientemente probado que, al quedar cesante de forma inesperada en el trabajo en el que se había desempeñado durante nueve años, la señora Sarmiento sufrió un padecimiento psicológico y emocional, ocasionado por un estado de angustia, depresión y desesperación al encontrarse sin empleo y a cargo de sus cinco hijos menores... Cuantifica el daño moral en la suma de $ 20.000."

"V.4- Como corolario de todo lo expuesto, debe rechazarse por improcedente el recurso de casación incoado por la Provincia de Tucumán en contra de la sentencia Nº 552 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 30 de septiembre de 2014."

¿Cómo votaron los jueces?

La decisión fue acordada por unanimidad de los vocales que integraron la Sala (Drs. René Mario Goane, Claudia Beatriz Sbdar y Antonio Gandur), conforme consta en el dispositivo final.