SALAZAR RAMON CELESTINO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El actor demandó a la Provincia de Tucumán por reajuste de haberes jubilatorios derivados de la aplicación de regímenes previsionales provinciales no transferidos. La Sala rechazó el recurso de casación de la Provincia y confirmó la sentencia de Cámara, concluyendo que al actor le asistía el derecho conforme a las normas provinciales vigentes al cese y que la derogación operó sólo hacia el futuro.
¿Quién es el actor?
Salazar Ramón Celestino.
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reajuste / movilidad del haber jubilatorio reconocido bajo régimen provincial (Leyes provinciales relacionadas con Ley Nº 6622/6446 y su aplicación).
¿Qué se resolvió?
La Corte, por mayoría, rechazó el recurso de casación interpuesto por la Provincia y confirmó la operatividad del régimen provincial aplicable al momento del cese del actor; se impusieron las costas de la instancia al orden causado. (Voto de la mayoría de los Vocales Goane, Estofán y Posse; voto disidente del Vocal Gandur).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de párrafos más relevantes de la sentencia (textos recogidos tal como aparecen en el fallo):
"La cláusula 1, párrafos primero, cuarto, sexto y último, del citado convenio de transferencia, expresa: 'La Provincia y la Municipalidad transfieren al Estado Nacional, y éste acepta, sus Sistemas de Previsión Social regulados por normas Provinciales y Municipales vigentes, con excepción de las Leyes Provinciales Nº 6.622/95 y 6.639/95 y del Decreto 1.288/95 (....) La transmisión de los Sistemas de Previsión Social comporta y conlleva la delegación de la Provincia y la Municipalidad a favor de la Nación de la facultad de legislar en materia previsional y el compromiso irrestricto de abstenerse de dictar normativas de cualquier rango que admitan directa o indirectamente la organización de nuevos sistemas previsionales, generales o especiales en el territorio provincial que afecten el objeto y contenido del presente Convenio (...) El Régimen de Pensiones no contributivas seguirá a cargo de la Provincia así como las prestaciones regidas por las Leyes Provinciales Nº 6.622/95 y 6.639/95, y el Decreto 1.288/95. En todos los supuestos serán aplicables a partir de la entrada en vigencia de este Convenio, las Leyes Nacionales 24.241 y sus modificatorias y 24.463, o los textos legales que pudieran sustituirlos'."
"Es que no resulta razonable postular, en la especie, la aplicación de las Leyes Nacionales Nº 24.241 y Nº 24.463, en punto a la movilidad de la jubilación del actor, cuando de los términos expresos de convenio de transferencia del sistema de previsión social se desprende que fue voluntad inconcusa de las partes que lo suscribieron, que el régimen de aquellas leyes nacionales sobre el punto no fueran de aplicación a los regímenes jurídicos que no se transferían a la Nación, al mantenerse bajo la órbita provincial, como acontece con las Leyes Nº 6622/6624, bajo cuyo régimen el demandante accedió a su beneficio previsional."
"En suma; por los fundamentos que anteceden, queda claro que la derogación de la Ley Nº 6446 fue hacia el futuro; que la citada delegación también lo fue para el futuro; y que la situación jurídica de jubilados no transferidos -como el actor en autos- no fue alcanzada por las leyes nacionales de marras; de lo que se sigue, en mi criterio, la improcedencia de argumentar con la jurisprudencia citada del más Alto Tribunal de la República, o afirmar que se procura indebidamente hacer regir el caso con una legislación derogada, atendiendo a las consideraciones precedentes, y cuando del mismo convenio de transferencia surge prístina, desde mi perspectiva, la solución a la que llego en el presente voto."
¿Cómo votaron los jueces?
El Vocal Antonio Gandur, en disidencia, sostuvo que la Cámara había debido casarse integralmente por falta de fundamentación suficiente y que la jurisprudencia y la doctrina aplicable conducían a revocar la sentencia de grado. En su voto planteó que la Cámara incurrió en déficit de motivación respecto de la existencia de un derecho adquirido y la aplicabilidad de la normativa provincial o nacional, proponiendo casar y remitir a la Cámara para nuevo pronunciamiento.
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