PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ VALENZUELA CARLOS Y FERNANDEZ M. S.H. s/ EJECUCION FISCAL
La Provincia de Tucumán (DGR) promovió ejecución fiscal contra Valenzuela Carlos y Fernandez M. S.H. por deuda tributaria; la Cámara confirmó la nulidad de la intimación y rechazó la prosecución de la ejecución por haberse regularizado la deuda. El tribunal consideró que la actora actuó en contra de la buena fe procesal al intimar y proseguir la ejecución pese al acogimiento al plan de facilidades y pago integral del 21/7/2014.
¿Quién es el actor?
PROVINCIA DE TUCUMAN - D.G.R.
¿A quién se demanda?
VALENZUELA CARLOS y FERNANDEZ M. S.H.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución fiscal por deuda tributaria (intimación de pago y persecución ejecutiva).
¿Qué se resolvió?
Se confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar al incidente de nulidad planteado por la parte demandada, se rechazó la apelación del actor y se impusieron las costas de la instancia al actor. Se reservaron honorarios para su oportunidad.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Advertimos así, en el accionar del ente actor, una actitud reñida con la buena fe, puesto que conociendo la solicitud de acogimiento al plan de pagos por parte de la demandada, y la cancelación total de la deuda, igualmente solicita la intimación de pago a la sociedad demandada, generando así un proceso de ejecución sin necesidad, o al menos contradictorio con los antecedentes que obraban en su poder.
Por ello, la actora se contradice en su proceder, y ella misma informa que la demandada ha regularizado la situación. Entonces, solo cabe preguntarnos si resulta ajustado a derecho proseguir una causa por una deuda que se encuentra regularizada. La respuesta es evidentemente negativa.
Como dijimos, el plan de facilidades de pago, de fecha 21 de julio de 2014, ha sido financiado en 01 cuota, es decir que a la fecha de la presentación donde peticiona la intimación de pago a la demandada, esto es el 08/8/2014 (fs.15), la deuda se encontraba abonada y regularizada en su totalidad las obligaciones incluidas en el título ejecutivo base de la acción (ver fs. 11).
No guarda entonces lógica ordenar la intimación de pago y proseguir con la ejecución por un monto que se encontraba a la fecha regularizado.
Es decir que lo que garantiza el derecho de accionar o demandar es el acceso a la justicia, pero si éste derecho se ejerce temeraria o maliciosamente, a sabiendas de la sinrazón de la actuación, se deberá responder por las consecuencias de ese ejercicio abusivo."
(Voto del Tribunal y parte resolutiva)
"I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el actor PROVINCIA DE TUCUMAN DGR en contra de la sentencia de fecha 03 de diciembre de 2015 (fs. 54/55), la que se confirma.
II) COSTAS de la instancia se imponen al actor ejecutante, atento lo expuesto.
III) RESERVAR honorarios para su oportunidad."
¿Cómo votaron los jueces?
El bloque dispositivo final confirma la sentencia apelada; no se registra en el extracto disidencia que modifique la solución mayoritaria.
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