FERNANDEZ HUGO ROQUE c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La parte demandada solicitó la nulidad del informe actuarial de fecha 03/11/2021 y de los actos posteriores por irregularidades procesales vinculadas a la invocación de la inconstitucionalidad de la Ley Nº 8.851. La Corte rechazó el planteo por improcedente y extemporáneo, aplicando los principios de instrumentalidad de las formas, trascendencia y convalidación, y condenó en costas al incidentista vencido.
¿Quién es el actor?
Letrado Dante Ronald Depetris (acreedor/ejecutor de honorarios).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán (parte demandada que interpuso planteo de nulidad).
Qué se reclama (Objeto de la demanda/incidente): Nulidad del informe actuarial del 03/11/2021 y de todos los actos dictados en su consecuencia, por entenderse irregular el trámite (sosteniendo que la inhabilidad de título estaba a despacho y que no se había planteado ni declarado inconstitucionalidad de la Ley Nº 8.851).
¿Qué se resolvió?
Se desestimó (rechazó) el planteo de nulidad; se impusieron las costas al incidentista vencido y se protocolizó el dictamen del Ministerio Público Fiscal.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripciones textuales relevantes de la sentencia (párrafos seleccionados tal como constan en el fallo):
“El principio de instrumentalidad de las formas, tesis según la cual las formas no son un fin en sí mismas, sino que tienen por finalidad garantizar la defensa en juicio; no hay nulidad de forma si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio (Rodríguez, Luis A. “Nulidades procesales”, Editorial Universidad, 1994, pag. 92 y ss). Ello ha llevado al más Alto Tribunal de la Nación a fijar como doctrina que la declaración de nulidad requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adoptan en el solo interés del formal cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (cfr. CSJN, causa “Fiscal vs. F.W.R. y otro”, 11/8/88)” (CSJT, “Mazziotti, Hipólito Pascual vs. Puparelli, María Elena y otros s/ Daños y perjuicios”, sentencia Nº 714 del 23/8/2002).”
“Es por ello que el criterio de recepción de los planteos de nulidad es de interpretación restrictiva. (...) De la mano con lo anterior se erige el principio de trascendencia, por el cual, para el progreso de un planteo de nulidad, es menester que el vicio formal se traduzca en un perjuicio concreto, cierto e irreparable, que no pueda subsanarse sino con la sanción extrema. (...) Y por último he de mencionar el principio de convalidación, frente al cual los actos viciados se consolidan si no son atacados en tiempo hábil, precluyendo con ello el derecho a solicitar posteriormente la invalidez del procedimiento (cfr. Rodríguez Luis, op, cit, pag. 53). Ha dicho en tal sentido esta Corte -con distinta composición- que "No puede pedir la declaración de nulidad de un acto procesal quien lo haya consentido expresa o tácitamente. Se entenderá que hay consentimiento tácito cuando no se reclama de la nulidad dentro del término que se establece, según sea el medio de impugnación que corresponda" (CSJT, sentencias Nº 138 del 18/3/2002; N° 465 del 02/5/2016).”
Asimismo la Corte adoptó como propio el dictamen del Ministerio Público Fiscal que consideró el planteo extemporáneo y carente de demostración de perjuicio concreto e interés jurídico actual en la nulidad.
¿Cómo votaron los jueces?
El bloque dispositivo final dispone la desestimación; el fallo está suscripto por los magistrados Antonio D. Estofán, Claudia Beatriz Sbdar, Daniel Oscar Posse y Eleonora Rodríguez Campos (no constan disidencias en el dispositivo).
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