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Tribunal Superior

SANCHEZ RAUL BENITO c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE TUCUMAN Y OTRO s/ NULIDAD/REVOCACION

El actor promovió demanda de nulidad/indemnización por cesantía ilegítima y daños patrimoniales y morales. La Corte hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el codemandado José Luis Báez y dejó sin efecto la condena contra él, sosteniendo la responsabilidad sólo de la Dirección Provincial de Vialidad.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
28503
Dano moral Casacion Indemnizacion Relacion de causalidad Dano patrimonial Direccion provincial de vialidad Responsabilidad de funcionario publico Cesantia nula Jose luis baez $120.000 / $30.000

¿Quién es el actor?

Raúl Benito Sánchez.

¿A quién se demanda?

Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán y José Luis Báez (codemandados).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la cesantía y pretensión indemnizatoria por daño patrimonial (se cuantificó en $120.000) y daño moral ($30.000) por la ruptura ilegítima del vínculo de empleo público; reincorporación al cargo.

¿Qué se resolvió?

La Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, por voto unánime, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por José Luis Báez (con devolución del depósito), casó parcialmente la sentencia de la Cámara y dictó como sustitutiva que la Dirección Provincial de Vialidad debe indemnizar al actor por daño patrimonial y moral en los rubros fijados, y NO HACER LUGAR a la demanda de daños y perjuicios contra José Luis Báez. Rechazó el recurso de casación de la Dirección Provincial de Vialidad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Del análisis del caso se advierte una incorrección en el razonamiento llevado a cabo por el órgano sentenciador, lo cual desemboca en una solución que altera el sistema de la responsabilidad de marras, en tanto prescinde de la apuntada relación de causalidad que -como se señalara ut supra- necesariamente ha de presentarse a los efectos de que el recurrente, en su condición de funcionario público, deba responder frente a la pretensión indemnizatoria ejercida en la especie.

Tal falencia viene dada por el hecho de que en la sentencia se ha fundado la responsabilidad del codemandado Báez en una serie de circunstancias que son ajenas, distintas, a la cesantía que finalmente se declara nula y en función de la cual se manda a resarcir. Es que, independientemente de las faltas personales que para el funcionario a cargo podrían -o no- suponer la apuntada omisión en responder a los reclamos que el agente realizare en sede administrativa en orden a la asignación de tareas y destino laboral, o la aplicación de una sanción de apercibimiento sin observar con el debido descargo previo, lo real y concreto es que tales cuestiones no fueron tratadas por el a quo como causa autónoma, concurrente, de los daños que se condenan a indemnizar, los que -según reclamara el actor en la causa y así se consignara expresamente en el acto jurisdiccional en cuestión- son producto de la ruptura ilegítima y arbitraria del vínculo de empleo público.

En la medida que el tribunal de grado no ha determinado formalmente la existencia de un cumplimiento irregular de las obligaciones legales del administrador interino de la Dirección Provincial de Vialidad en el marco del procedimiento sumarial que culminara con el acto de cesantía a la sazón declarado nulo, y dada la ausencia de la imprescindible relación de causalidad entre las omisiones y el hecho que en la sentencia se le reprochan al codemandado Báez y los menoscabos objeto de la condena, no resulta ajustada a derecho la declaración de responsabilidad civil del mentado funcionario público efectuada por la sentencia atacada."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto preopinante del Dr. René Mario Goane, adhieren los Dres. Antonio Daniel Estofán y Claudia Beatriz Sbdar; acuerdo unánime en el sentido aquí indicado.

Costas y honorarios: Se impusieron las costas de la casación según lo considerado; se reservó regulación de honorarios para oportunidad ulterior. Se devolvió el depósito de ley al codemandado Báez.

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