PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. s/ EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

Magalí de la Vega (letrada ejecutante).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán - D.G.R. -.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de honorarios firmes (ejecución de sentencia) y se solicitó que se declare la inconstitucionalidad de artículos de la Ley Provincial Nº 8.851 y del Decreto Nº 1.583/16 que disponen inembargabilidad de fondos públicos y un mecanismo de pago por registro de sentencias.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia de fecha 15/11/2021 que hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad de la Ley Nº 8.851 y del Decreto Reglamentario Nº 1.583/16 en los términos examinados; se impusieron las costas de la segunda instancia a la Provincia; se reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En rigor, el cumplimiento de la condena judicial firme, conforme a la ley cuestionada, depende de la conducta que adopte un órgano del propio deudor, sin que tenga definido un plazo para materializarla. Tal circunstancia compromete severamente el derecho del deudor a cobrar la deuda reconocida por sentencia firme.

Entonces, el mecanismo de pago consagrado en la Ley N° 8.851 implicaría una dilación en el cumplimiento de la obligación de pagar, una suspensión sin plazo o fecha determinada que atenta contra los más elementales principios constitucionales."

"Reiteramos, la ley Nº 8.851 que prevé el diferimiento del pago de las obligaciones al ejercicio siguiente sin plazo alguno, resultando factible el diferimiento sin fecha determinada, vulnera los principios descritos en los apartados 2) y 3) arriba mencionados. Ello es así en tanto la inembargabilidad de los recursos y la suspensión de los trámites de ejecución de sentencia en los juicios deja de ser razonable, tanto desde el aspecto temporal como de los derechos amparados por la Constitución Nacional, puesto que ese plazo resulta susceptible de prorrogarse en forma continua y sucesiva."

"Sentado este criterio, al que adherimos en todos sus términos, la inembargabilidad que afecta al crédito alimentario de la letrada Magalí de la Vega alcanza proyecciones indebidas e irrazonables y lesiona su derecho de propiedad.

En efecto, admitir una conducta de parte del Estado conforme la norma bajo análisis, resultaría contrario a los derechos reconocidos y a las garantías establecidas en los artículos 14 bis, 17, 19 último párrafo, 28 y 31 de la Constitución Nacional y al artículo 22 de la Constitución Provincial, al convertir el derecho alimentario ya adquirido en una incierta expectativa de cobro, mutando su sustancia y naturaleza."

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución se adopta por el acuerdo del Tribunal expresado en el bloque resolutorio final que confirma la sentencia apelada; no consta disidencia en el dispositivo.