MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN c/ CONSORCIO GENERAL PAZ N° 256 s/ COBRO EJECUTIVO

¿Quién es el actor?

Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

¿A quién se demanda?

Consorcio General Paz Nº 256.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo correspondiente a multa por falta de pago anual del "Canon de Ascensores" por los períodos 2014, 2015 y 2016 (Cuenta Judicial nº180427).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación deducido por la Municipalidad y se confirmó la sentencia de fecha 14/12/2021 que declaró la inconstitucionalidad del art. 7.1.1. de la Resolución Nº 259 DCyE/98 (ratificada por Decreto Municipal Nº 3004/SOP/98), hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazó el cobro ejecutivo; costas impuestas a la actora en ambas instancias.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“Del análisis de la normativa transcripta, puede inferirse con claridad que la deuda reclamada por la actora en concepto de "Canon de Ascensores", constituye en realidad una tasa por inspección, seguridad y mantenimiento de ascensores. En efecto, “se trata de un gravamen cuyo hecho imponible se liga inescindiblemente a la prestación de uno o más servicios por parte del ente municipal”, criterio establecido por la CSJN en la causa “Loma del Pila S.R.L. c/ Comuna de Huasa Pampa s/inconstitucionalidad “, sentencia del 14/10/2021 (fallos: 344:2830). “III.3. Ello así, dicho gravamen se encuentra sujeto al principio de legalidad y reserva de ley que rige en materia tributaria para cualquiera de sus especies. “A propósito de este principio la CSJT ha señalado que “La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta categórica en cuanto a que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos: 321:366 y sus citas), de modo que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y requisitos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (Fallos: 316:2329; 318:1154; 319:3400; 326:4251, entre otros). ... En esa línea tiene dicho el Máximo Tribunal del país que el principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes; y que este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (Fallos: 329:1554).”

“Dicho ello, debo agregar que el vicio constitucional señalado de ningún modo resulta reparado o suplido por la delegación prevista en el art. 1.5.1 de la Ordenanza n° 2.433/96, de acuerdo a la cual compete a la Municipalidad “Reglamentar a través de la Dirección de Catastro y Edificación el mecanismo destinado al control e inspección de las instalaciones, los procedimientos administrativos para las presentaciones de los responsables de inmuebles y los requisitos para otorgar registros de habilitaciones a los conservadores". “Es que no es posible interpretar que la mencionada norma delegante haya conferido ni al Intendente ni al Director de Catastro y Edificación la facultad de crear el mencionado Canon a los ascensores; tal delegación no es viable ni como una delegación legislativa -pues se encuentra prohibida por el art. 3 de la Constitución Provincial- ni como una delegación impropia -entendida como facultad del Poder Ejecutivo de determinar los aspectos relativos a la aplicación concreta de la ley-. (Cfr. CSJT, Nro. Sent: 103 Fecha Sentencia 20/02/2018). “Es que no es posible sostener que la resolución n° 259 DCyE/98, al crear el Canon de ascensores, se haya dictado en ejercicio de facultades reglamentarias puesto que no se limita a determinar aspectos relativos a la aplicación o ejecución con arreglo a una política legislativa previamente delineada, sino que crea por completo un gravamen no previsto en la ordenanza delegante (Cfr. CSJT, Nro. Sent: 32 Fecha Sentencia 19/02/2009). “En efecto, es la mencionada resolución la que crea el hecho imponible del gravamen, lo cuantifica, elige al sujeto pasivo y determina su aspecto temporal, todo ello en ejercicio de una íntegra discrecionalidad del órgano administrativo. “Por tales motivos corresponde hacer lugar al planteo formulado por el consorcio demandado y declarar en el caso concreto la inconstitucionalidad del art. 7.1.1. de la Resolución n° 259 DCyE/98, ratificada por Decreto Municipal n° 3.004/SOP/98, conforme arts. 87 CPCT, arts. 24 y 122 Constitución Provincial”.

¿Cómo votaron los jueces?

No consta voto en disidencia; el bloque dispositivo confirma la sentencia apelada y dicta costas a la actora.