CANTOS MARIA CELESTE c/ REYES SANCHO MIÑANO ALVARO Y OTRA s/ COBRO DE PESOS

¿Quién es el actor?

María Celeste Cantos.

¿A quién se demanda?

Álvaro Reyes Sancho Miñano y María José Reyes Sancho Miñano.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de pesos por remuneraciones y rubros laborales adeudados, indemnizaciones derivadas de relación laboral no registrada, y reclamo por despido/indemnización por embarazo (art. 182 LCT).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de la actora y se revocó parcialmente la sentencia de primera instancia para extender la condena a la codemandada María José Reyes Sancho Miñano. Se condena a Álvaro y a María José Reyes Sancho Miñano al pago conjunto de ciertos rubros (SAC, SAC proporcional y vacaciones proporcionales) por $53.891,90; se confirma la negativa al reconocimiento de despido indirecto y se mantienen sin lugar otras indemnizaciones reclamadas (indemnización por despido, indemnización por embarazo art.182 LCT, etc.). Se impusieron costas y honorarios de alzada en los porcentajes fijados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) "Del análisis del caso, estimo que le asiste razón al apelante al entender que resulta contradictorio que el A quo considere procedente la excepción de falta de legitimación pasiva o falta de acción planteada por los demandados, basándose en la falta de pruebas que acrediten que había una relación de trabajo entre la actora y la demandada María José Reyes Sancho Miñano, toda vez que se encuentra suficientemente probado en autos que la accionante trabajó para el Sr. Luis Alberto Reyes desde el año 2011 hasta su fallecimiento, y posteriormente para su hijo el Sr. Alvaro Reyes Sancho Miñano, quien continuó con la explotación del negocio familiar.

El art. 249 de la LCT establece respecto de la extinción del contrato de trabajo por muerte del empleador, que sucede cuando las condiciones personales o legales, actividad profesional y otras circunstancias de aquel hayan sido la causa determinante de la relación laboral y sin las cuales ésta no podría proseguir, es decir, la muerte del empleador no produce la extinción automática del contrato de trabajo, cuando sus causahabientes pudieran continuar con su actividad.

Por otro lado, el art. 225 de la LCT dispone que en caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, pasaran al sucesor o adquiriente, y que el contrato de trabajo continuará con el sucesor o adquiriente, y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven.

Sobre el particular cabe tener presente la doctrina legal de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia sentada en los autos caratulas “Argañaraz Segundo Selestino vs. Suc. De Juan Carlos Argañaraz s/cobro de pesos”, Sent. Nº 641 de fecha 14/08/2001, la que establece “En caso de sucesión mortis causa por fallecimiento del empleador, pasan a los herederos todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviere con el trabajador al tiempo de la transferencia y también de las generadas con posterioridad, como las reclamadas en autos, mientras exista la sucesión indivisa, no pudiendo responsabilizar únicamente a quien exhibe la calidad de administrador del sucesorio.

Al momento de contestar demanda, los accionados argumentan el planteo de falta de legitimación pasiva o falta de acción, manifestando que la Sra. María José Reyes Sancho Miñano “no es comerciante ni percibe beneficios de ningún tipo de la actividad que desarrolla en forma unilateral y exclusiva, su hermano Alvaro”, y que “no existe en todo el relato de la representante de la actora mención alguna al supuesto vínculo en que se sustentaría la pretensión resarcitoria respecto de aquella”, poniendo especial atención en que la misma actora dice que trabajaba para su padre y luego para su hermano.

Ahora bien, el negocio es un bien sucesorio indiviso, transmitido por el fallecido a sus herederos con motivo de su muerte, y no se ha desarrollado actividad probatoria que permita concluir que la codemandada Sra. María José Reyes Sancho Miñano haya transferido sus derechos hereditarios en cabeza de su hermano Alvaro Reyes Sancho Miñano, sino por el contrario, surge de la prueba recabada en autos, que la explotación comercial iniciada por el fallecido, continuó como una sucesión indivisa (fs. 154/158), por lo que la codemandada se encuentra legitimada pasivamente para formar parte del presente proceso.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán tiene dicho: El art. 225 de la LCT establece. ... Así, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 225 y 249 de la LCT, ante la orfandad probatoria en lo que respecta al planteo de falta de acción, solo cabe concluir que le asiste razón al apelante, y como consecuencia corresponde extender la responsabilidad a la codemandada."

2) "De la lectura de las misivas remitidas por la actora, surge que en el telegrama de fecha 29/11/2017, omitió individualizar cuál sería el proceder en caso de no cumplir el demandado con su reclamo. La actora no formuló el requerimiento bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento por parte del empleador, habría de colocarse en situación de despido indirecto, expresando en su telegrama que las intimaciones eran: “bajo pena de iniciar las acciones legales en su contra”, “bajo apercibimiento de iniciar las acciones en su contra y pertinentes denuncias en AFIP” y “bajo pena de iniciar las acciones para su cobro”.

Al respecto, la Excma. Corte Suprema de la Provincia dijo: “El apercibimiento genérico, ambiguo o impreciso no es suficiente para colocar al trabajador en situación tal que justifique la decisión de considerarse despedido, puesto que, precisamente la ambigüedad del requerimiento implica la falta de precisión acerca de cuál será el temperamento que adoptará el requirente en caso de no ser atendido su pedido. Ello es, como también señaló con acierto el Tribunal sentenciante, una natural derivación del principio de buena fe, el cual constituye un principio que impregna todo el ordenamiento legal y rige como deber de conducta que pesa sobre ambos sujetos de la relación jurídica. Dicho principio ha sido incorporado expresamente al ordenamiento laboral por el art. 63 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante, LCT), el cual establece que “Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo”... La intimación realizada por el trabajador, debe contener una clara manifestación de voluntad de rescindir el vínculo laboral ... para resultar útil para hacer saber al empleador de la voluntad rescisoria del contrato de trabajo.

En consecuencia, no surgen motivos que hagan apartarme del razonamiento y análisis efectuado por el Juez A quo al entender que el despido indirecto en el que se colocó la actora resulta injustificado, por lo que corresponde rechazar el pretendido agravio, y confirmar lo resuelto en primera instancia al respecto."

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. María R. Sosa Almonte (preopinante) y Enzo R. Espasa votaron en idéntico sentido (acuerdo por mayoría). No consta disidencia.