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Tribunal Superior

S.R.L. COLOMBRES HNOS. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -DIRECCION GENERAL DE CATASTRO- s/ NULIDAD/REVOCACION

La Provincia de Tucumán interpuso recurso de casación contra la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 3º del Decreto Nº 557/3 (SH) y rechazó la excepción de caducidad de la acción. La Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo confirmó la conclusión de la Cámara y declaró que el artículo 3º del Decreto 557/03 (SH) se contrapone al inciso 3º del artículo 101 de la Constitución provincial por exceder la reglamentación de la Ley Nº 5.522.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
29725
Inconstitucionalidad Caducidad de la accion Contencioso administrativo Agotamiento de la via administrativa Recurso jerarquico Acto que causa estado Regulacion administrativa. Decreto 557/3 (sh) Ley n? 5.522 Decreto 250/3 (me)

¿Quién es el actor?

S.R.L. Colombres Hnos. (actora en autos de nulidad/revocación).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán - Dirección General de Catastro (parte demandada que interpuso casación).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad/Revocación de actos administrativos (Resoluciones Nº 300/07 y 157/3 (ME)) vinculados a una valuación general y discusión sobre agotamiento de la vía administrativa / caducidad de la acción.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación interpuesto por la Provincia; se confirmó la sentencia de la Cámara que declaró la inconstitucionalidad del artículo 3º del Decreto Nº 557/3 (SH) por contraposición con la Ley Nº 5.522 y la Constitución provincial; se impusieron costas de la instancia extraordinaria.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De la confrontación de los textos transcriptos surge patente la incompatibilidad entre el artículo 3º de la norma reglamentaria (Decreto Nº 557/3 (SH)) y el 19 de la Ley reglamentada (Nº 5.522). Ello es así por cuanto esta última disposición sólo establece que si el contribuyente no interpone reclamo por ante el Jurado de Reclamos dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la valuación general, los valores unitarios quedarán firmes; mientras que el precitado artículo 3º del Decreto, en un manifiesto exceso reglamentario, tiene por irrecurrible administrativamente a la sentencia del aludido Jurado una vez notificada, cuando la no recurribilidad en sede administrativa de dicho pronunciamiento no había sido consagrada en la Ley Nº 5.522. Por consiguiente, al no existir ningún obstáculo legal a la posibilidad de cuestionar en dicha sede lo decidido por el Jurado de Reclamos, la interposición del demandante de un recurso jerárquico contra dicho acto y la consecuente resolución desfavorable de éste por parte del Ministro de Economía (Nº 157/3 (ME), del 03-12-2007 -cfr. fs. 27/29-), no parece que pueda ser cuestionada con razón ni mucho menos conferir sustento jurídico a la pretensión de caducidad de la acción formulada por la Provincia de Tucumán sobre la base de que la vía administrativa se había agotado con la decisión del Jurado de Reclamos, a la que le asignó indebidamente la condición de 'acto que causa estado'."

"Por último, el texto del artículo 1º del Decreto Nº 250/3 (ME) (BO 06-11-2007) -citado por el propio recurrente- traza con meridiana claridad la compatibilidad entre la vía del 'reclamo' del artículo 19 de la Ley Nº 5522 y la 'recursiva' de la LPA, al establecer que los contribuyentes que interpongan reclamo en los términos del artículo 19 de la mencionada ley deberán dar cumplimiento con los requisitos formales de admisibilidad consignados por los artículos 30, 58 y concordantes de la Ley Nº 4.537, siendo que esta última norma refiere a los recursos administrativos."

"Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia Nº 725 del 5 de octubre de 2010 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I obrante a fs. 90/93 de autos."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de la Sala (doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y doctora Claudia Beatriz Sbdar) quien adhirieron al voto preopinante.

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