CORONEL RUBEN ARIEL c/ BANCO SUPERVIEILLE S.A. s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

Rubén Ariel Coronel (DNI 28.791.175).

¿A quién se demanda?

Banco Supervielle S.A. (CUIT 33-50000517-9).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

nulidad de un contrato de préstamo bancario celebrado a distancia y de la comisión por mantenimiento; rectificación de información en bases crediticias; pago de daños (moral y punitivo); publicación de la sentencia; costas y honorarios.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación del banco y se confirmó la sentencia de fecha 05/11/2021 en todo cuanto fue materia de recurso: se declaró la nulidad del contrato por falta de acreditación de oferta y aceptación; se ordenó la rectificación de la información en el sistema financiero en cinco días; se confirmó la condena al pago de $605.000 (incluye $80.000 por daño moral) y la multa civil por daño punitivo en $525.000; se impusieron costas al demandado y se reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La sentencia recurrida sostiene en cuanto a la valoración del archivo de audio aportado por la demandada, que la misma consistiría en una grabación magnetofónica entre una representante del banco y una persona que dice llamarse Rubén Coronel; que el actor ha efectuado el desconocimiento de este medio probatorio; que al hacerlo, sostuvo que la voz inserta no le pertenece y que no se ha acreditado, ni siquiera explicado, cómo se llevó a cabo dicha grabación, por cuáles medios tecnológicos, quiénes fueron los partícipes ni dónde quedó resguardada; que no especifica, ya que se aduce que es una llamada telefónica, desde cuál número de teléfono salió la llamada, en qué fecha y horarios ni a qué compañía telefónica pertenece, etc.; que la grabación no le es oponible.

Sostiene el a quo que le asiste razón al actor dado que no se acreditó la autenticidad de las referidas grabaciones; que de las constancias del expediente surge que la demandada aportó un archivo de audio sin dar mayores precisiones, esto es, sin acreditar la fecha y hora de la grabación, ni ofrecer como prueba el archivo original, ni producir prueba tendiente a desvirtuar la negación de su autenticidad, efectuada por el actor, invocando jurisprudencia de la CSJTuc. que sostiene en relación a la prueba de videos que considera un supuesto asimilable que “deben ofrecerse al juez los medios para su práctica. Las copias de los videos acompañadas como prueba deben ser reconocidas por la contraria, por testigos o estar debidamente autenticadas’..."

"La sentencia recurrida sostiene que si bien el contrato de préstamo bancario es un sistema lícito, igualmente puede ser objeto de los remedios o correctivos propios adecuados a la impronta del sistema consumeril, con cita de lo previsto por el art. 36 de la Ley Nº 24.240 en cuanto dispone que en las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, información relativa al contrato, bajo pena de nulidad. Expone que en el presente caso la nulidad del contrato deviene por una razón primigenia en el íter contractual, cual es, la falta de oferta y aceptación; que los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo (art. 971 CCCN); que el consentimiento es uno de los elementos constitutivos del contrato, intrínseco al acto, sin el cual, el mismo no existe; que al prescindir de la aceptación del cliente, actuó en franca violación al deber de buena fe."

"Del texto expreso de la ley (art. 52 Ley 24.240), y del denominado “espíritu” del legislador no se desprende la exigencia de la constatación indubitable de un factor de atribución calificado en el responsable para imponer el “daño punitivo”. Esta tesitura es perceptible desde el mismísimo leading case en la materia... Es importante destacar que la norma menciona no solamente las obligaciones que surgen del contrato, sino también a aquellas que, aunque no incluidas expresamente al instrumentarse aquel (o estándolo pero de modo parcial o defectuoso), se hallan presentes por el carácter de orden público de dicha ley... A partir de los conceptos doctrinarios, puede decirse que la sentencia recurrida asumió una postura a la que podría denominarse “amplia”, fundamentando de modo preciso por qué -a partir del cuadro probatorio existente en autos- resulta procedente la aplicación de la multa civil prevista en la norma, de conformidad a cada uno de los requisitos legales previstos por el legislador en el artículo 52 bis de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor..."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por dos miembros del Tribunal que coinciden en el pronunciamiento; no se consigna voto en disidencia.