PELLEGRINI EMILIO ALFREDO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El demandante reclamó la movilidad y ajuste de su haber previsional en virtud de un régimen provincial excepcional. La Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo rechazó el recurso de casación de la Provincia y confirmó la sentencia de la Cámara, estimando que la situación del jubilado no fue alcanzada por la transferencia al Estado Nacional y que debía aplicarse la normativa local vigente al cese.
¿Quién es el actor?
Pellegrini Emilio Alfredo.
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reclamo contencioso administrativo por liquidación y movilidad del haber jubilatorio reconocido en régimen excepcional (Ley 6622/6624 y su supletoria Ley 6446), con pedido de ajuste proporcional y diferencias previsionales.
¿Qué se resolvió?
Rechazo del recurso de casación interpuesto por la Provincia; se confirmó en la práctica la solución mayoritaria de aplicar normas locales vigentes al cese del actor para determinar la movilidad, por lo que no prosperaron los agravios de la recurrente. Mayoría por NO HACER LUGAR al recurso de casación; hubo votos en disidencia que proponían casar la sentencia y remitirla para nuevo pronunciamiento.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
(Transcripción de párrafos relevantes del fallo, lenguaje original)
"La Provincia y la Municipalidad transfieren al Estado Nacional, y éste acepta, sus Sistemas de Previsión Social regulados por normas Provinciales y Municipales vigentes, con excepción de las Leyes Provinciales Nº 6.622/95 y 6.639/95 y del Decreto 1.288/95 (...) El Régimen de Pensiones no contributivas seguirá a cargo de la Provincia así como las prestaciones regidas por las Leyes Provinciales Nº 6.622/95 y 6.639/95, y el Decreto 1.288/95. En todos los supuestos serán aplicables a partir de la entrada en vigencia de este Convenio, las Leyes Nacionales 24.241 y sus modificatorias y 24.463, o los textos legales que pudieran sustituirlos."
"Es que no resulta razonable postular, en la especie, la aplicación de las Leyes Nacionales Nº 24.241 y Nº 24.463, en punto a la movilidad de la jubilación del actor, cuando de los términos expresos de convenio de transferencia del sistema de previsión social se desprende que fue voluntad inconcusa de las partes que lo suscribieron, que el régimen de aquellas leyes nacionales sobre el punto no fueran de aplicación a los regímenes jurídicos que no se transferían a la Nación, al mantenerse bajo la órbita provincial, como acontece con las Leyes Nº 6622/6624, bajo cuyo régimen el demandante accedió a su beneficio previsional."
"En suma; por los fundamentos que anteceden, queda claro que la derogación de la Ley Nº 6446 fue hacia el futuro; que la citada delegación potestades también lo fue para el futuro; y que la situación jurídica de jubilados no transferidos -como el actor en autos- no fue alcanzada por las leyes nacionales de marras; de lo que se sigue, en mi criterio, la improcedencia de argumentar con la jurisprudencia citada del más Alto Tribunal de la República, o afirmar que se procura indebidamente hacer regir el caso con una legislación derogada, atendiendo a las consideraciones precedentes, y cuando del mismo convenio de transferencia surge prístina, desde mi perspectiva, la solución a la que llego en el presente voto."
Bloque dispositivo final (transcripción):
"I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación planteado por la parte demandada, contra la sentencia nº 1146 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 15 de diciembre de 2015, glosada a fs. 247/253 vta. de autos, conforme a lo considerado.
II.- COSTAS, de esta instancia extraordinaria local, como están consideradas.
III.- RESERVAR pronunciamiento, sobre regulación de honorarios, para su oportunidad."
¿Cómo votaron los jueces?
La Dra. Claudia Beatriz Sbdar (voto en disidencia respecto del fallo mayoritario) consideró que la sentencia de la Cámara adolece de déficit de motivación y propuso hacer lugar al recurso de casación, casar el pronunciamiento y remitir las actuaciones para un nuevo pronunciamiento, por entender que la Cámara no realizó un análisis integral del convenio ni fundamentó la existencia de derecho adquirido al régimen derogado.
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