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Cámara de Apelaciones

LAROZ VICTOR JAIME c/ LEDESMA DIONISIO ANTONIO Y OTRO s/ COBRO EJECUTIVO

El actor promovió cobro ejecutivo por sentencias firmes contra Ledesma y pidió efectivización de embargos sobre haberes municipales. La Cámara hizo lugar a la apelación, revocó la providencia recurrida y ordenó intimar a la Municipalidad para que en cinco días efectivice los depósitos o se le apliquen condenaciones pecuniarias conforme arts. 42 CPCC y 666 bis C.C.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
30011
Embargo de haberes Astreintes Multa procesal Cobro ejecutivo Art. 43 cpcc Art. 42 cpcc Municipalidad de san miguel de tucuman Art. 666 bis c.c. Cumplimiento de oficio judicial Oficios a la municipalidad

¿Quién es el actor?

LAROZ, VICTOR JAIME (y su letrada MARIA E. ALVAREZ, actuando por su propio derecho).

¿A quién se demanda?

LEDESMA, DIONISIO ANTONIO (y codemandados, mención a Daniel Ceferino Ledesma) y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (oficiada por los embargos sobre haberes del ejecutado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo y efectivización de embargos sobre haberes del ejecutado; incumplimiento de las medidas de embargo ordenadas (providencias de 28/04/09 y 19/08/09).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación en subsidio y se revocó la providencia de fs. 101; en su reemplazo se ordenó librar oficio a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para que en cinco días informe por qué dejaron de efectuarse los depósitos y, en igual plazo, haga efectivos los embargos, bajo apercibimiento de aplicar condenaciones pecuniarias conforme arts. 42 CPCC y 666 bis C.C. No se decide costas por no haberse sustanciado la cuestión en la instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Las 'astreintes' constituyen entonces un medio de coerción destinado a hacer cumplir una orden judicial a favor de alguna de las partes, pero no pueden ser caracterizadas como una indemnización de daños en tanto no tienen finalidad resarcitoria y tampoco como una multa puesto que se implementan para preservar el principio de autoridad del magistrado en beneficio del titular del derecho quebrantado por el incumplimiento. Por ello es que son facultativas; solo proceden previa intimación bajo apercibimiento, son revisables y revocables ante el cumplimiento o la justificación total o parcial del incumplimiento.

La multa prevista en el art. 43 CPCC en cambio, es una pena pecuniaria tendiente a sancionar la inconducta procesal de quienes intervienen en el proceso, pudiendo incluso alcanzar a terceros y su importe beneficia a la Biblioteca del Poder Judicial.

A diferencia de la astreinte, el fundamento de la multa bajo examen es el respeto debido al 'principio de moralidad' sobre el que se estructuran los procesos judiciales; en base al cual están prohibidas actitudes que conlleven falta de decoro, lealtad, entorpecimiento, temeridad, malicia o abuso del derecho; en el desarrollo de los mismos.

Hechas estas diferencias, se advierte claramente que el incumplimiento de la orden de embargo de haberes por parte de la Municipalidad de Tucumán (que no es parte en la causa), impone la necesidad de hacerla cumplir imperativamente, por lo que el pedido de intimación bajo apercibimiento de astreintes formulado por los ejecutantes es correcto en tanto ajustado a derecho y por ende, así debió concederse.

Ello sin óbice de que el sr. juez a-quo pueda llegar eventualmente a considerar que un incumplimiento reiterado del órgano municipal pudiera dar lugar también a la imposición de una multa, personalizada en cabeza del sr. Intendente."

(Del bloque resolutorio)

"HACER LUGAR al recurso de apelación en subsidio interpuesto por LAROZ, VICTOR JAIME y por la letrada MARIA E. ALVAREZ (actuando por su propio derecho) contra la providencia del 29 / 03 / 11 (fs. 101) que se revoca. Proveyendo en sustitución : 'Atento a lo solicitado, líbrese oficio a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán donde trabaja la parte demandada, a fin de que en el término de cinco días informe a este Juzgado las razones por las cuales dejaron de efectuarse los depósitos correspondientes a las medidas de embargo ordenadas por providencias del 28/04/09 y 19/08/09, debiendo en igual plazo hacerlas efectivas, bajo apercibimiento de aplicar condenaciones pecuniarias conforme lo normado por los arts. 42 del CPCC y 666 bis del C.C..-'"

(No hubo votos en disidencia consignados en el texto analizado).

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