DIAZ RAMONA ROSA Y OTRAS c/ BRITO JOSE PASCUAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Ramona Rosa Díaz y otras (actora).

¿A quién se demanda?

José Pascual Brito y otros; entre los intervinientes figura la aseguradora (apoderado Gonzalo Peñalba Pinto) y los letrados apoderados (Pascual D. Tarulli por la actora; Oscar R. Chaya por los demandados).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Proceso de daños y perjuicios (causa concluyó por caducidad/perención de la instancia).

¿Qué se resolvió?

Se rechazaron los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de la actora y de la aseguradora contra la resolución regulatoria de honorarios de fecha 01/10/2014; dicha resolución se confirma en cuanto fue materia de recurso. Se regularon costas y honorarios en los montos y casos expresados en la parte resolutiva (p. ej. $105.555.- por honorarios en primera instancia al letrado Chaya que no supera el tope del 25% fijado por art. 1 ley 24.432; regulaciones adicionales por instancias de alzada y casación, y sumas de $6.300 / $7.102 según se detalla).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes de la sentencia (texto literal):

"3.- En primer término cabe pronunciarse sobre el recurso de nulidad planteado por la actora, que no puede prosperar. Los agravios esgrimidos por el impugnante habrán de ser resueltos en el marco del recurso de apelación promovido por su parte, pues según dispone la ley adjetiva, los defectos u omisiones de forma de la sentencia no autorizan a fundar el recurso de nulidad. Debe reclamarse de ellos en el recurso de apelación, y el Tribunal, al pronunciarse sobre el mismo, los corregirá o subsanará la omisión en que pudiera haberse incurrido (art. 746, CPCC). Si la hipotética nulidad se atribuye a la sentencia misma y puede ser resuelta por vía de apelación, el recurso es improcedente.-

Cabe partir de un concepto de nulidad, entendido éste como un sistema cuya finalidad es el resguardo del cumplimiento de las formas y disposiciones legales en los actos procesales, que en el caso de no ser observado, tiene como consecuencia la privación de los efectos que la ley les otorga.-

El apelante aduce nulidad de la resolución, lo que debe ser desestimado, pues en su argumentación genérica solo refiere a que se incurrió en un error en la base regulatoria, sin señalar lo exigido por el Art. 744 del C.P.C. que establece: "Procederá la nulidad por vía de recurso cuando la sentencia haya sido dictada en un procedimiento afectado por los vicios a que se refieren los artículos 165 y 166...", y este solo procede cuando la sentencia viola las formas o solemnidades que prescribe la ley. Se aplica así para la existencia de vicios "in procedendo", caso contrario al de autos donde se imputan defectos al fallo y no al procedimiento anterior al mismo. Este criterio es unánime en la jurisprudencia local, así la Corte ha dicho que: "En el caso, el nulidicente no pretende impugnar al fallo un vicio "in procedendo" o de actividad, sino un pretenso error de razonamiento; esto es, un error "in iudicando", lo que torna improcedente la petición de nulidad; pues mediante ella no se pueden corregir eventuales errores de juzgamiento, aun cuando pudieran estar referidos a materia de orden procesal, ya que la nulidad sólo puede aprehender vicios de actividad y no de juzgamiento. El hecho de que ese juicio recaiga sobre materia procesal no significa que el pretenso error atribuido sea de actividad; pues de existir, tal error sería de razonamiento o juicio sobre esa materia, y no puede ser revisado por la vía intentada" (C.S.J.T. sent. 121 del 13/03/2000; autos: "Fiori de Scarlata Ana Graciela vs. Bermal Manuel Alberto y otros s/ Daños y perjuicios").-

La lectura de los agravios permite comprobar que las quejas están destinadas a demostrar el equívoco de la sentencia recurrida, planteando más bien su disconformidad con el razonamiento del Juez, lo que no revela la existencia de vicios que afecten el procedimiento anterior a la sentencia y que autoricen su invalidación en los términos del art. 746 CPCCT.-En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de nulidad planteado por la actora.-"

"4.- Cabe pasar a tratar los recursos de apelación incoados en autos contra la sentencia regulatoria de los honorarios de fecha 01/10/2014 (fs. 335).-

Entrando en el análisis del primer agravio esgrimido por la actora apelante, vinculado con la base regulatoria, se adelanta que no le asiste razón al recurrente y, por ende, cabe su rechazo, ya que se considera que para la regulación de honorarios en un proceso -principal o incidental- que concluye por sentencia de caducidad de instancia, se aplican por analogía las mismas reglas que corresponden al rechazo de cualquier demanda.-

Nuestro máximo Tribunal provincial ha expresado en este sentido: “Esta Corte reiteradamente sostuvo que no es correcto sostener que la perención de la instancia prive a los interesados de pautas para la obtención de una base regulatoria pues, en estos supuestos, se aplica como principio el monto de la demanda -cfr. artículo 39, inciso 1, de la Ley Nº 5.480, ex 40- (cfr. sentencias Nº 704, del 15-9-2004; 627, del 02-7-2008), de lo que resulta que en la base regulatoria, además del capital, se incluyen también los intereses, tal como se deriva expresamente del texto de aquel artículo. Por lo tanto, debe descartarse, en el sub lite, cualquier interpretación que importe excluir a este último ítem de la base regulatoria. Del mismo modo, en sentencia Nº 1056, del 28-12-2011, este Superior Tribunal insistió en la aplicación al caso de la norma del actual artículo 39, inciso 1, y desechó categóricamente la posibilidad que en el caso que el pleito concluya por perención de la instancia, se aplique el actual artículo 40 de la Ley 5.480 (ex 41). ... De allí que el campo de aplicación del artículo en examen alcance a los supuestos mentados en los artículos 18 (regulaciones parciales o provisorias) y 22 de la Ley Nº 5.480 (cfr. aut. y ob. cit., pág 250) (CSJT - Sala Laboral y Contencioso Administrativo, in re: Ingema S.R.L. vs. Provincia de Tucumán S/ Cobro de Pesos, Nro. Sent: 763 de Fecha: 29/07/2015).-

Cabe considerar a continuación la queja referida a la cuantía de los honorarios regulados al letrado Oscar Rafael Chaya, que ambos apelantes cuestionan por altos. De la lectura de la resolución recurrida se observa que para regular honorarios al citado profesional, por su actuación en primera instancia como apoderado de los demandados -parte ganadora- en todas las etapas del principal, se aplicó sobre la base regulatoria, un porcentaje del 15%, que se encuentra dentro de la escala del art. 38 ley 5480, más el adicional del 55% de los procuratorios, conforme a lo dispuesto por el art. 14 de la ley arancelaria mencionada, con lo cual se arriba a la suma total de $105.555.-, monto que no supera el tope del 25% fijado por el art. 1 ley 24.432 ($113.500).-

Es menester señalar que el art. 505 del Código Civil (párrafo agregado por ley 24.432) establece lo siguiente: "Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas". ... De esta suerte queda a la vista el proceso intelectivo jurisdiccional y facilita el contralor de la alzada y el del propio profesional (Padilla, René A., “Reflexiones sobre el límite porcentual en las "costas" procesales (ley 24.432)”; La Ley 1995-B, 1144). Para efectuar el prorrateo de que habla la ley el juez debe haber ya regulado según las normas arancelarias pertinentes sin incluir los honorarios de la parte condenada en costas. Y cuando las sumas obtenidas superen el porcentual fijado, se deberá comenzar con las quitas proporcionales. Dicho de otro modo, no corresponde regular honorarios profesionales a cargo de la condenada en costas por un monto que supere el tope del 25% establecido en la ley 24432, pues ello comporta inaplicación de lo dispuesto por el art. 505 del Código Civil. En ese sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia local, al establecer como doctrina legal que al momento de practicar regulaciones de honorarios, los jueces de grado deben aplicar el art. 1° de la ley 24.432, cuando de las circunstancias temporales y procesales, el mismo pueda y deba imponerse (CSJTuc., sentencia N° 287 del 30/04/1996).-

Se advierte que los montos de los honorarios a los que se arriba respecto del letrado apoderado de los demandados (parte ganadora), se ajustan a la normativa antes citada, aplicable en el presente caso, por lo que cabe confirmar el auto regulatorio de primera instancia en cuanto fuera materia de recurso.-"

(Voto mayoritario plasmado en el bloque dispositivo final que confirma la resolución regulatoria de fecha 01/10/2014 y fija las regulaciones de honorarios y costas según lo expresado en la parte resolutiva.)

Si hay votos en disidencia: no se consignan votos en disidencia en el texto provisto; el bloque dispositivo final es el que decide la mayoría.