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Cámara de Apelaciones

CABRERA HERALDO MAXIMO c/ AMX ARGENTINA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

El actor demandó por daños y perjuicios contra AMX Argentina S.A. por informe erróneo sobre la titularidad de una línea que motivó su imputación y privación de la libertad. La Cámara hizo lugar al recurso del actor y elevó el daño punitivo a $200.000; confirmó el daño moral y morigeró parcialmente la condena por daño emergente fijando ese rubro en $10.500.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 1 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 1
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
47978
Danos y perjuicios Dano punitivo Dano moral Dano emergente Ley 25.891 Telefonia movil Informe erroneo Responsabilidad extracontractual Interes resarcitorio Camaras civiles tucuman

¿Quién es el actor?

Cabrera Heraldo Máximo (actor).

¿A quién se demanda?

AMX Argentina S.A. (empresa de telefonía).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios —daño moral, daño emergente y daño punitivo— por un informe erróneo de titularidad de una línea telefónica que derivó en la investigación penal por abuso contra el actor y su privación de libertad.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y se elevó la cuantía del daño punitivo a $200.000 (más intereses). Se confirmó la condena por daño moral. Se hizo lugar parcialmente al recurso de la demandada sólo respecto del rubro “daño emergente” (honorarios por defensa en proceso penal), morigerando ese ítem a $5.000, quedando el daño emergente global en $10.500. Costas de la alzada conforme y reserva sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que por lo antes expuesto, el jurisdicente no tiene dudas que la condena por daño punitivo es procedente y debe ser confirmada."

"Que la cuantía de la condena impuesta en concepto de daño punitivo, fijada en la suma de $100.000, es materia de agravios por ambas partes y, por ende, sendos recursos serán meritados conjuntamente. ... Entiendo que las fórmulas matemáticas sirven al Juez de referencia a los efectos de fijar el monto de la condena, pero ese dato objetivo debe ser ponderado en conjunto con el propósito concreto que se persigue con la condena impuesta a la demandada, esto es, desalentar conductas disvaliosas de los proveedores de servicios en perjuicio de los consumidores. ... Atendiendo a estas pautas, considero que la condena justipreciada en la suma de $100.000 no es adecuada al fin propuesto y no garantiza que se cumpla con el efecto disuasivo que alienta la ley de defensa del consumidor. En tal sentido, estimo que el monto de condena debe ser elevado a la suma de $200.000 (pesos doscientos mil), con más los intereses fijados en la sentencia de primera instancia. Justifico este criterio, en el comportamiento laxo y reticente de la demandada que en ningún momento explicó o dio motivos plausibles para explicar porque razón no hizo nada para cumplir con la ley."

"Que en el caso, el Juez fijó la cuantía de los gastos de movilidad en la suma de $500; los honorarios judiciales del letrado Burgos por su actuación en la causa penal, en la suma de $9.000 (se tomó como referencia el valor correspondiente a dos consultas escritas); y los aranceles médicos por atención de salud mental en la suma de $5.000, dando como resultado la suma global de $14.500. ... Señalo en relación a la cuantía de las consultas profesionales por el asesoramiento letrado en la causa penal, que los valores a tener en cuenta, deben ser los vigentes a la época en que se brindó dicho servicio. El valor de la consulta escrita al momento del dictado de la sentencia penal de fecha 25/09/2014, estaba establecida en la suma $2.500. En consecuencia, corresponde modificar la condena respecto al pago en concepto de asesoramiento letrado, que se fija en la suma de $5.000 (valor de dos consultas escritas). Por lo expuesto, queda establecido que la condena por el rubro daño emergente se fija en suma global de $10.500 (pesos diez mil quinientos), con más los intereses fijados."

(Voto mayoritario: Dres. Ávila y David; la decisión adoptada aparece en el bloque resolutorio final.)

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